Ecuador vive una de las crisis ético-morales más graves de su historia, en el trágico marco de la pandemia del covid-19. Los inculpados en los casos Odebrecht, manejo de la deuda externa y quienes protagonizan los abominables negociados de insumos médicos y medicinas, han optado por el camino de la amenaza sobre quienes integramos la Comisión Nacional Anticorrupción, organización social que los denunció.

La CNA fue ya víctima de asedios y persecuciones por cumplir su misión cívica en el régimen anterior. Ahora, periodistas y medios de comunicación son amenazados por informar al país respecto de estos hechos; también los jueces son atemorizados y los detenidos asesinados en las cárceles para silenciarlos y evitar sus testimonios.

Bandas locales, con conexiones internacionales, operan en el Ecuador. La delincuencia organizada logró espacios de gestión pública desde el periodo del gobierno anterior. Los corruptos se aprestan incluso a participar en las próximas elecciones usando los recursos de la corrupción.

Los involucrados en la corrupción se ufanan de tener influencia sobre los organismos de Justicia del Estado. Las autoridades no pueden permanecer impasibles sobre esta realidad. La investigación a un expresidente implicado en graves delitos no es suficiente.

Con base en los principios constitucionales de no a la impunidad, debida diligencia y celeridad, la CNA exhorta a todas las autoridades a actuar con agilidad, patriotismo, sin temor ni cálculos políticos, a fin de que los culpables sean juzgados y devuelvan los dineros del pueblo.