Candidatos optan por las encuestas como la herramienta de medición

- 02 de marzo de 2019 - 00:00

Los sondeos para determinar la intención del voto cuestan entre $ 9 y $ 12 por cada consultado. En el caso de ciudades como Quito o Guayaquil, la muestra debe contener entrevistas de por lo menos 560 personas.

Las encuestas son claves para la democracia. Orientan a votantes y candidatos sobre las tendencias electorales. También sirven para que los aspirantes conviertan las proyecciones en decisiones para su campaña.

Los datos obtenidos ayudan a la definición de estrategias comunicacionales para que los mensajes sean efectivos y ganadores.  

En el país funcionan varias encuestadoras, entre ellas Cedatos, de Polibio Córdova; Informe Confidencial, de Santiago Nieto;  Market, de Blasco Peñaherrera, Click, de Francis Romero; Perfiles de Opinión, de Paulina Recalde; CMS, de Santiago Cuesta; Opecuador, de Santiago Pérez y CIES, dirigida por Tatiana Larrea.

Blasco Peñaherrera, de Market, asegura que las encuestadoras hacen su trabajo con profesionalismo y que no trabajan para inducir al engaño. “Las personas deben fijarse en la ficha técnica de la encuesta, pero sobre todo en la credibilidad de la empresa que emite los datos. Recordemos que no son infalibles”.

En campaña, los sondeos son fundamentales para los candidatos, pero no todos pueden costearlos pues las empresas cobran de $ 9 a  $ 12 por cada encuestado. Por ejemplo, una estándar para alcalde en Quito tiene como muestra base a 560 personas y la técnica señala que el candidato necesita por lo menos hacer dos durante el periodo de campaña para ver los cambios en la percepción de los electores.

Dayana León, master en Democracia y Género, manifiesta que no se puede confiar en todos los tipos de sondeos que se realizan. Indica que en la actualidad existe la posibilidad de hacerlas en línea y sin costo, a través de redes sociales, pero que no pueden generalizarse ni confiar en sus resultados.

Las encuestas también son sensibles cuando se difunden al público. Dayana León dice que muchas veces se asumen datos como ciertos. “Normalmente, miramos solo los porcentajes y los lugares donde están ubicados los candidatos y no nos preocupamos de la calidad técnica de la encuesta y de quiénes la realizan.

Ella se cuestiona, ¿cuántas veces los ciudadanos exigen que se detalle la población encuestada y la selección de la muestra?

En Ecuador, el Código de la Democracia establece la regulación a empresas que realizan pronósticos electorales.

El artículo 206 señala que para ejercer esta actividad tendrán que registrarse previamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En caso de que difundan encuestas sin autorización, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podrá emitirles multas que oscilan entre $ 5 mil y $ 20.000.

En ese sentido, las encuestas que se difunden durante el periodo de campaña deben cumplir también con especificaciones técnicas como la estratificación, el ámbito geográfico y señalar si los datos son territoriales o locales.

“Tanto las empresas que dedican su actividad a estos ejercicios como el Consejo Electoral, el Tribunal y la ciudadanía deben entender que existe una corresponsabilidad democrática ante el uso de esas informaciones”, menciona el catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, Esteban Ron.

Asimismo, Dayana León comenta que estos desencuentros entre resultados electorales vs. resultados de los sondeos también se dan por criterios metodológicos, preguntas inducidas y por estar mal formuladas.

Además, por los mecanismos de selección de encuestadores, pues no se sabe su adhesión política; si la encuesta fue financiada por algún actor político; el margen de error y la legalidad.

Otro de los temas por los que pueden fallar las encuestas es el periodo de levantamiento de la información. “Muchas personas deciden por quién votarán el mismo día de las elecciones”.

Blasco Peñaherrera asegura que las personas no cambian su intención de voto por una encuesta. “En lo que sí influye es en la capacidad del candidato de conseguir fondos de contribuyentes; es así en todo el mundo”.

Por este motivo el ente electoral emitió un reglamento para normar esta actividad, especialmente las encuestas a boca de urna o exit poll, que se hacen al finalizar la jornada electoral, como un pronóstico de los resultados antes de que se emitan los datos oficiales del CNE.

Este tipo de encuesta usualmente es contratada por medios de comunicación y candidatos para comprobar las tendencias durante el conteo de los votos.

Por eso levantan polémica si no están bien hechas, pues inducen a la desconfianza de los ciudadanos, en caso de que no coincidan con los resultados oficiales.

Las empresas que quieran hacer un conteo rápido a boca de urna tienen que firmar un compromiso de cumplimiento y sus pronósticos no deberán superar el +/-3% en los resultados que señalen con respecto al Consejo Nacional Electoral.

En caso de incumplimiento, el ente electoral se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea conveniente, sea en el plano administrativo o penal. (I)

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