La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia reveló que $ 71 millones pueden ser recuperados por sentencias contra funcionarios del anterior Gobierno.

La principal de esa dependencia, Dora Ordóñez, explicó que esa cifra corresponde solo a 12 procesos penales que terminaron con un fallo definitivo.

Las principales sentencias fueron por los sobreprecios en las contrataciones de Petroecuador y por las irregularidades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Sin embargo, ese dinero no se encuentra todavía en manos del Estado. Según la Secretaría Anticorrupción, esto ocurre porque los jueces no agilizan el trámite de los procesos para subastar los bienes y acceder a los dineros de las cuentas bancarias de los condenados.

Por ello, Ordóñez pidió a los operadores judiciales que aceleren los trámites para acceder a esos recursos. “Todo depende de los jueces. Una vez que sentenciaron, ellos deben dar el mandamiento para que los bienes sean subastados”.

La recuperación del dinero perdido por los actos de corrupción es una de las principales preocupaciones que ha revelado el Gobierno.

El Ejecutivo presentó un proyecto legal para proteger a las personas que denuncien a los responsables de los abusos de los fondos públicos y también para agilizar los pasos para recuperar ese tipo de recursos.

No obstante, la Asamblea no termina con la discusión de esta propuesta. A pesar de que fue entregada en septiembre de 2018; es decir, hace más de un año.

Incluso, la expresidenta del Parlamento y representante de la bancada de Alianza PAIS, Elizabeth Cabezas, presentó una norma para fortalecer la lucha contra la corrupción. Pero su proyecto tampoco ha superado la etapa del debate en las comisiones.  

En este tema, la Asamblea debe esperar el fallo de la Corte Constitucional sobre el comiso sin sentencia. Esta figura legal fue incluida por los legisladores en el Código Penal, pero el presidente Lenín Moreno dijo que viola los DD.HH. (I)