La vida del expolicía Marcelo Bonifaz cambió desde el 30 de septiembre del 2010. Aquella revuelta uniformada terminó en acusaciones por el presunto secuestro e intento de asesinato del entonces presidente, Rafael Correa.

Bonifaz fue acusado de ser uno de los gendarmes que gritó que dispararan contra el vehículo que sacaba a Correa del hospital de la Policía de Quito, para llevarlo hasta el Palacio de Carondelet. Él fue sentenciado a 12 años de prisión por intento de magnicidio. Sin embargo, dejó la cárcel porque cumplió con los requisitos para obtener una prelibertad.  

El exuniformado aseveró que es una víctima de las presiones del anterior gobierno. Y recordó que Pamela M., quien fuera asesora del exmandatario y pieza clave del caso sobornos 2012-2016,  le ofreció dinero y el indulto. Bonifaz recalcó que le pedía que acusara a más policías para justificar los acontecimientos del 30-S.

A esta versión se suma la de otro expolicía, Nelson Puentestar, quien recibió un impacto de bala mientras cuidaba a un detenido en el hospital Pablo Arturo Suárez.

Asegura además que autoridades del gobierno pasado le pidieron acusar a sus compañeros como responsables de sus heridas. Él dijo que Laura T., la asistente de Pamela M., también indagada en el caso Sobornos, coordinaba los encuentros en el Palacio de Gobierno. “Me ofrecieron una vivienda, dinero y trabajo a cambio de incriminar a mis compañeros”, sostuvo Puentestar.

Édgar Molina, abogado de Pamela M., sostuvo que no conocía la denuncia, pero cree que no es verdad. Mientras que el defensor de Laura T. no respondió las llamadas. Las dos denuncias fueron presentadas en la Asamblea.

El legislador de CREO, César Carrión, pidió al Ejecutivo que reconociera oficialmente como “megafraude procesal” a los procesos penales seguidos en contra de policías por el 30-S. Él también dejó la Policía luego de la revuelta. El 30 de septiembre de 2010 era el director del hospital donde Correa se refugió luego de que fuera atacado en el Regimiento Quito.

La Fiscalía lo acusó de tentativa de asesinato y ocultación de evidencias. Ningún proceso avanzó, pero fue dado de baja de la Policía. Luego de esto empezó su vida política en CREO. Ahora exige que se indague la injerencia en la justicia que desencadenó procesos a expolicías y se sancione a los responsables. (I)