Hoy vence el plazo para que Ecuador cancele $ 96 millones

Juez ordena el embargo del pago a Chevron

- 20 de julio de 2016 - 00:00
Afectados por la petrolera estadounidense se basan en la sentencia de la Corte de Justicia de Sucumbíos para reclamar el pago de $9.500 millones por el daño ambiental causado.

La Corte de Sucumbíos notificó de su fallo a la Procuraduría y a los ministerios de Finanzas y de la Política Económica.

Los 30.000 indígenas y campesinos del norte de la Amazonía afectados por la contaminación ambiental dejada por la multinacional Chevron, lograron que el pasado 12 de julio la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenara el embargo de los más de $ 96 millones que, en cambio, el Estado ecuatoriano debe pagar a la petrolera.  

El plazo para que Ecuador cubra la obligación con la compañía estadounidense vence hoy. Sin embargo, esa suma, en el caso de ser cancelada, será embargada. Para que se cumpla la orden judicial, la Corte de Sucumbíos notificó a la Procuraduría General del Estado (PGE), al Ministerio de Finanzas y al Coordinador de la Política Económica.

Pablo Fajardo, procurador común de los ecuatorianos afectados, informó ayer que ese trámite ya se cumplió y que esperan el pronunciamiento de las autoridades. “En este momento, desde el punto de vista jurídico, el Estado no tiene la obligación de pagarle directamente a Chevron, sino a la cuenta establecida por los afectados por Chevron, que son los habitantes amazónicos”.

Los afectados por la transnacional ganaron en Ecuador un juicio (entre particulares) por más de $ 9.500 millones, en todas las instancias. Entonces, los $ 96 millones que debe cancelar Ecuador (en cambio por el juicio entre la petrolera y el Estado) es solo una pequeña parte de la deuda que mantiene la petrolera con los amazónicos tras el daño ambiental y a la salud humana provocado durante casi tres décadas de trabajos en el país (1964-1992).

Los afectados están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Estado. El dinero irá al fideicomiso creado por vía judicial.

En cuanto al plazo fijado para el pago por parte del Estado -según Fajardo- este no fue dispuesto por ninguna autoridad, sino por Chevron directamente. Sin embargo, esto ya no tiene importancia porque  el marco constitucional establece la jerarquía de las normas vigentes en el país y que los derechos humanos prevalecen sobre los comerciales.

Anoche, en su conversatorio con los medios en Manabí, el presidente Rafael Correa señaló que “vamos a pagar ese laudo por injusto que nos parezca. Pero también hay que cumplir con las leyes ecuatorianas... hemos enviado una carta a Chevron diciendo que se puede hacer una cuenta de garantía hasta que se termine su litigio en EE.UU. Vamos a ver qué nos contesta”.

Pago es obligatorio porque Corte de EE.UU. negó petición de Ecuador

El 6 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. negó la petición de Ecuador de revisión de la sentencia emitida por una corte inferior que reconoció el laudo arbitral que dictaminó, el 7 de julio de 2011, el pago de $ 96 millones en el caso Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra la República del Ecuador, conocido como Chevron II.

El laudo fue emitido dentro del arbitraje iniciado por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company en contra de Ecuador en 2006. La transnacional  presentó una notificación de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, basándose en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y Estados Unidos.

Uno de los argumentos ecuatorianos para no invocar el TBI era que este acuerdo se suscribió en 1993 por lo que entró en vigencia 5 años después de que la petrolera abandonara el país.

La Procuraduría General del Estado señaló, en diferentes ocasiones, que no se puede hacer una aplicación retroactiva de la ley, pero aquello no fue tomado en cuenta por el tribunal arbitral.

Los demandantes tenían la aspiración de que Ecuador les pagara $ 1.605 millones, pero el Tribunal de Arbitraje de La Haya determinó que eran $ 96 millones. Estableció que, supuestamente, las cortes ecuatorianas violaron las normas del derecho internacional al demorar más de 15 años los fallos de estas demandas comerciales.

La PGE, en representación de Ecuador, presentó un pedido de nulidad ante la corte de La Haya en  2011, pero la medida fue desestimada por la Corte Suprema de los Países Bajos en 2014.

Esto, luego de que Chevron inició en Estados Unidos, en 2012, un proceso con miras a lograr el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. (I)

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