El Ecuador mantuvo relaciones de autonomía explícita frente a EE.UU. aunque hay momentos en que esas relaciones se tensionaron, por ejemplo, cuandofuncionarios de la embajada en Ecuador recaudaron bases de datos de la Policía de manera arbitraria. Pero en términos generales, las relaciones con Washington no han sido de hostilidad, sino lejanas, cautelosas de parte y parte.

La salida de la Base Militar de Manta era previsible porque ese convenio no trajo seguridad al país, todo lo contrario; al cambiar la política en EE.UU. hacia Colombia y asumir que la lucha contra el narcotráfico era la misma que contra las organizaciones ilegales alzadas en armas, se involucró a la base de Manta en un proceso interno del país vecino.

La lejana relación política con EE.UU. no afectó la relación comercial; esa tiene otros elementos y fue impactada por la suscripción de tratados de libre comercio de EE.UU. con Perú y Colombia; y por la renuncia ecuatoriana al Sistema de Preferencias Arancelarias Andinas, que de todas maneras no iba a ser renovado.

Respecto a la renegociación de los contratos petroleros, esa fue una de las políticas más acertadas del presidente Correa y permitió a Ecuador recuperar el control sobre las políticas comerciales y establecer convenios con más equidad.

La idea de la criminalización de la protesta social, en cambio, sigue siendo un reto político para el Gobierno. Muchas de esas actividades en el pasado eran consideradas simples contravenciones y eran toleradas como parte de la acción política de las organizaciones sociales, pero el tipo de encausamiento penal aplicado en el último período es distinto. La reacción de los dirigentes sociales, así como la solidaridad que en el extranjero se expresa hacia ellos, encuentra fundamentos porque la lógica de encausar por sabotaje o terrorismo a estas conductas es claramente desproporcionada para acciones que no ponen en riesgo la estabilidad del Estado.

Uno de los desafíos del Gobierno es saber manejar la protesta social sin generar decisiones que produzcan más conflicto ni una imagen de represión. El terreno de la comunicación, por otra parte, siempre se planteó como un espacio de disputa política de sentidos, y ella no ha acabado ni ha sido resuelta. Esto ocurre en toda la región pero quizá la confrontación en Ecuador es la más áspera de América Latina. El Gobierno todavía debe procesar cómo manejar la protesta social en democracia y cómo producir políticas para enfrentar el disenso, un campo siempre en disputa y que no se controla necesariamente con disposiciones legales.

En el ámbito económico, Ecuador ha multiplicado la recaudación de impuestos, pero no necesariamente por  nuevas cargas tributarias sino porque ha mejorado la recaudación en forma extraordinaria. Y al contrario de las predicciones catastróficas, la inversión pública ha dinamizado la economía y los empresarios, independientemente de que sean de oposición, han multiplicado su capacidad productiva y sus ganancias en este Gobierno. La salida de la pobreza de grandes segmentos de la población ha ensanchado la clase media.

La inversión pública ha sido buena para el país, el tema es saber los límites de esa inversión y cuándo es la oportunidad de moderarla si hay menos recursos que en el pasado.