En enero de 2015, el presidente de la República, Rafael Correa, advirtió sobre un año difícil para el país en materia económica, por 2 factores exclusivamente externos: la baja del precio del petróleo y la apreciación del dólar. Pese a ello, anticipó que el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) e inversiones en sectores estratégicos y sociales no serían afectados.

Luego de 9 meses y tras una evaluación de la situación internacional, el Gobierno anunció cambios para 2016. El pasado 11 de septiembre, el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, informó que el presupuesto para los GAD sufrirá un recorte de entre el 8% y 10%. Ante este escenario los municipios ya analizan medidas de ajuste.

Una de esas medidas es ser eficientes en el gasto público, priorizando obras necesarias y postergando las que no son urgentes. Otra acción será obtener ingresos mediante el adecuado cobro de impuestos prediales, al menos en los municipios que cuentan con un catastro actualizado será una herramienta útil para suplir eventuales mermas en sus ingresos. Con ese criterio coinciden varios alcaldes que desde ahora socializan estos temas con concejales y ciudadanos mediante asambleas.

Daniel Avecillas, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), advierte que los municipios no sufrieron recorte presupuestario alguno, porque el Gobierno asumió todos los desfases producidos por la baja del precio del petróleo. “Nosotros recibimos el 10% de ese presupuesto de venta del petróleo, el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, de eso, el 67% es distribuido para los municipios”.

“De acuerdo con una información preliminar que nos entregó el Ministro de Finanzas la afectación sería de alrededor del 10% a 12%, que es un porcentaje manejable, es decir, vamos a recibir el mismo presupuesto que recibimos en 2014 porque este año subieron alrededor del 8% y el 11%”, sostiene.

En el caso del Municipio de Yaguachi, por ejemplo, la reducción del presupuesto para 2016, significará unos $ 400 a $ 500 mil, lo cual a criterio de Avecillas es recuperable, porque se está actualizando el catastro rural, lo que implica ingresos a través de este impuesto.

Según la AME el plan de inversión de las municipalidades no tendrá mayor afectación, porque la mayoría ha actualizado el catastro urbano, lo que significa ingresos para los cabildos. “Los que estuvieron en anteriores administraciones pensaban antes de actualizar sus impuestos prediales porque tiene un impacto político. Esa época debe quedar atrás porque al disminuir los ingresos se merma la capacidad de inversión, lo que significa que los ciudadanos no tendrán obras”, dice.

Actualizando el catastro y creando tasas se podría equiparar el déficit que se avecina, es responsabilidad de cada alcalde diseñar las estrategias. El Banco del estado (BdE) tiene una línea de crédito dirigida a los cabildos para actualizar la información catastral. (I)

En la Asamblea Nacional se discute una Ley de Ordenamiento Territorial

Desde la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional se discute un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial con la finalidad de dotar de infraestructura a los municipios para que puedan ser autosuficientes en la recaudación.

El asambleísta Octavio Villacreses, quien es miembro de esta comisión, explica que están empeñados en esta ley porque existen municipios que no tienen un catastro actualizado, lo que dificulta o impide un cobro real de impuestos.

“Hay municipios que son incipientes pero esto es un proceso y los presupuestos locales tienen que ajustarse al nacional”, sostiene el asambleísta y exconcejal de Guayaquil, que no obstante recalca que no todos tienen ese problema, pues existen gobiernos locales que sí pueden manejar sus presupuestos porque tienen los catastros actualizados. (I)

Datos

En el país existen 23 prefecturas, 221 alcaldías y 815 juntas parroquiales que tuvieron este año un presupuesto de $ 3.253 millones. Con la eventual reducción los GAD recibirán entre $ 260 y $ 325 millones menos para 2016, de acuerdo con lo anunciado.

Por mandato legal y constitucional los gobiernos autónomos descentralizados tienen acceso a las rentas que genera la explotación petrolera.

El presupuesto de 2015 fue hecho con base en un precio del barril de petróleo a $ 70, pero actualmente bordea los $ 40. Con esa cifra se calculará el presupuesto de 2016.