Tradicionalmente el cuidado se asocia a la mujer y la maternidad, por lo cual se asume que está ligado a la generosidad, el desinterés y la abnegación. Asimismo, se  afirma que el cuidado debe ser realizado por la mujer en el ámbito de la vida privada, sin retribución económica.

En la actualidad este paradigma experimenta un profundo cambio debido a los diversos tipos de familia, la transformación de los roles de género y una mayor conciencia sobre los derechos humanos y sobre la igualdad entre hombres y mujeres.

“El cuidado es una función social de la mujer y está íntimamente ligado a la maternidad”. “Procesos tan importantes como higiene, fecundidad, maternidad, parto y lactancia son ejemplos de cómo el cuidado es innato en el ser humano, especialmente en la mujer”.

Estas dos citas tomadas de artículos escritos en revistas universitarias, la primera en 2009 y la segunda en 2006, muestran la que ha sido, y para muchos sigue siendo, la concepción del cuidado: un oficio de mujeres, restringido al ámbito de la vida privada. Solo faltaría añadir que carece de recompensa económica.

Desde finales del siglo XX esta visión se ha desplazado hacia la esfera de lo público y el cuidado empieza a ser reconocido como un derecho humano y una responsabilidad que compete a todos. Este desplazamiento busca responder a las nuevas condiciones de la sociedad, como  cambios en la estructura familiar; transformación en los roles de género; incremento en el número de las personas viejas; aumento de las personas en situación en discapacidad y mayor conciencia sobre los derechos humanos y sobre la igualdad entre hombres y mujeres.

A lo anterior se añade “la visión prácticamente nula de la necesidad de cuidado como un riesgo en los sistemas de protección social”, lo que impide garantizar el derecho al cuidado “de manera adecuada, accesible y oportuna”. Así, gran parte de la población es privada del acceso a los servicios sociales y se ve obligada a comprometer sus propios recursos para obtener ayuda para realizar actividades esenciales de la vida diaria.

El cuidado se puede analizar desde diversas perspectivas: en relación con los derechos humanos; desde los debates sobre cómo conciliar trabajo y familia y desde la economía del cuidado. A esta última, enfatizada por las corrientes feministas, hacen referencia los siguientes apartes.

En sentido amplio, el concepto de economía del cuidado se refiere a todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. Actividades relacionadas con la subsistencia biológica, el bienestar, la calidad de vida, el cuidado en la salud y en la vejez. Asimismo, tiene que ver con aspectos emocionales, de socialización, comunicación con los demás, en fin, todo aquello que hace que seamos personas sociables.

Las actividades antes señaladas se conceptualizan como no trabajo. La razón para esto radica en que los economistas limitan el significado del trabajo al campo del mercado y esto implica que lo realizado por las mujeres, al estar excluido del intercambio comercial, carece de valor económico.

Esta discriminación tiene en su base la separación rígida de roles entre hombres (espacio de lo público, del mercado) y mujeres (espacio de lo privado), propios de la sociedad patriarcal. Puesto que el cuidado, tradicionalmente, se ha dejado en manos exclusivas de las mujeres, la mayor parte de la población adulta masculina depende de ellas para los asuntos de su vida cotidiana, de su subsistencia básica, incluida la dimensión emocional.

Los varones socializados en la cultura patriarcal son incapaces de asumir la responsabilidad del cuidado, no solo de ellos, sino también de otras personas.

A la naturalización del cuidado como un oficio femenino se añade la restricción de su significado, desconociendo su complejidad. Su aplicación se circunscribe a quienes en un momento de la vida necesitan atención específica: personas enfermas, viejas o en situación de discapacidad, niños, a las cuales, además, se les estigmatiza como dependientes.

Sin embargo, como afirma Cristina Carrasco, “la dependencia humana -de mujeres y hombres- no es algo específico de determinados grupos de población, más bien es la representación de nuestra fragilidad y vulnerabilidad (…), es algo inherente a la condición humana. Somos personas social y humanamente interdependientes y todas requerimos cuidados a lo largo de nuestra vida, de distintos tipos y grados (...)”.

No solo se estigmatiza a quienes necesitan cuidado, también las personas cuidadoras. Por sexo/género: como ya se ha dicho, son las mujeres las encargadas de cuidar; por sector social: mujeres pobres, de ingresos más bajos; por procedencia: migrantes, del campo a la ciudad o de los países periféricos a los centrales.

Al mantener el tema del cuidado en el ámbito del hogar y asumir que su gestión pertenece a lo privado y por ende -aunque no se diga- a las mujeres, se asume que a ellas corresponde buscar solución a las tensiones que genera. Las mujeres, entonces, se ven obligadas a negociar en desventaja y fragilidad, por lo que el problema se resuelve con mayor sobrecarga de trabajo para ellas mismas, lo que equivale a mayor violencia.

El cuidado de las personas es un asunto que debiera ser considerado y tratado como tema social y político de primer orden. Es necesario elaborar una  visión cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de vida.

Esta nueva mirada debe ir más allá de los límites de la economía y del mercado; que el cuidado se considere fundamental y necesario para el mantenimiento de la vida humana, una responsabilidad de todos los individuos, hombres y mujeres, del Estado, las organizaciones comunitarias, la sociedad y la familia. (I)

Responsabilidad del Estado y un derecho humano

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el cuidado puede ser definido como un derecho subjetivo, vale decir, una expectativa que se ha formado una persona acerca de la acción del Estado, los poderes fácticos o el resto de las personas.

La obligación del Estado frente a esta necesidad es garantizar el acceso a los servicios sociales a todas aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia, sea de carácter temporal o permanente, y que necesitan ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida.

La novedad y urgencia actual del cuidado como asunto público reside principalmente en el escenario en el que se desarrolla hoy, caracterizado por la transformación de los roles de las mujeres, la presencia aún importante de niños, el creciente envejecimiento de la población, la mayor sobrevivencia con enfermedades o discapacidad y los cambios de los modelos de familia.

La incorporación de las mujeres a la fuerza laboral ha reducido el tiempo que hasta ahora ellas destinaban al cuidado no remunerado de las personas con dependencia temporal o permanente.

Este hecho, cuya base se encuentra en busca de la igualdad de género, se transforma en una dificultad cuando no existen las previsiones suficientes para suplir la ausencia de las cuidadoras tradicionales o cuando se las sobrecarga con funciones asociadas a sus roles en la vida extradoméstica, doméstica y de cuidado.

De manera simultánea, la demanda demográfica de las personas que necesitan cuidado se está incrementando, por la presencia aún importante de niños -que en 2015 representan el 26,1% de la población de América Latina y el Caribe (United Nations, 2013)-, y porque a ellos se suma un segmento etario con alta posibilidad de perder su autonomía funcional.

En efecto, si bien una parte importante de las personas mayores puede tener autonomía funcional, los estudios epidemiológicos han demostrado que, si hubiera que definir una edad de corte, a partir de los 75 años la presencia de fragilidad tiene una clara relación con la edad cronológica.

Desde ese momento las enfermedades crónicas y degenerativas, sumadas a la predisposición genética, los estilos de vida inadecuados y las condiciones socioeconómicas precarias y ambientales nocivas, hacen que aumente el riesgo de que el estado de salud funcional de la persona mayor transite desde la independencia a la dependencia.

Actualmente se estima que las personas de 75 años y más representan el 27% de la población adulta mayor latinoamericana, y que este segmento etario crecería a una tasa cercana al 3,4% anual en el período 2015-2020.

En 2030 la cantidad de personas de este subgrupo de edad se habrá duplicado con respecto a la de 2015, y en 2050 sumará casi 70 millones de personas.

Paralelamente, el acelerado descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida de las últimas décadas han contribuido a la configuración de un escenario híbrido, en el que emergen situaciones diversas respecto de los tipos de hogares existentes, y en el que las formas familiares de la época preindustrial coexisten con nuevos arreglos residenciales.

Este contexto significa que la contribución de la familia, como principal red de protección para cubrir las necesidades de cuidado de las personas mayores con dependencia, ya no es la misma que en décadas anteriores, sin embargo, su actuación pasada facilitó un rol subsidiario del sector público en relación a esta materia que continúa hasta el presente. (I)