En la mayoría de los discursos y los planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República, los adultos mayores están casi ausentes. Y, posiblemente, igual sucede con los ofrecimientos de los aspirantes a la Asamblea Nacional.

¿Por qué este grupo etario no es prioridad para los políticos? ¿Por qué se mira con indiferencia el acelerado envejecimiento poblacional que registra Ecuador? En menos de diez años, la población mayor de 60 años del país bordeará los tres millones de habitantes.

¿Acaso las 1’300.000 personas con más de 60 años que existen en la actualidad en  Ecuador (cerca del 7% de la población total) no son suficientes para que sean prioridad en los planes de gobierno? ¿Acaso no son suficientes en número para inclinar los resultados a favor de uno o de otro candidato?

Parece que los políticos no han canalizado debidamente lo sucedido en Reino Unido con el Brexit, que significó la separación de este país de la Unión Europea. Quienes votaron en mayoría por esta opción fueron los adultos mayores, cansados de no encontrar políticas a su favor.

En Ecuador el voto de los adultos mayores es voluntario, pero cuando ejercen este derecho lo hacen “así llueva o truene”, como lo manifestaba en una entrevista publicada en este medio, hace varias semanas, Joost Martens, director regional de HelpAge Internacional para América Latina y el Caribe, porque existe una mayor conciencia cívica.

Lenín Moreno, candidato de Alianza PAIS, desde su proclamación  ha planteado seguridad social y una pensión universal para las personas de la tercera edad. Su propuesta es la única y, en este sentido, de cumplirse,  beneficiará a miles de adultos mayores de hoy y aquellos que están en camino.

Otros aspirantes han optado por reunirse con grupos de jubilados y ofrecer pagar la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No se ha mencionado, por el momento, otra medida.

En Ecuador, aproximadamente 400.000 personas son jubiladas y reciben una pensión, sin embargo, la inmensa mayoría no cuenta con este beneficio, salvo la ayuda de $ 50 mensuales del Bono de Desarrollo o son parte del Seguro Campesino.

Y todavía más preocupante son aquellos adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de ayuda y deben trabajar hasta el último día de sus vidas para tener el sustento diario. Los derechos de estas personas  han sido los más vulnerados, porque ellas no tuvieron las mismas oportunidades que las demás para educarse, tener un trabajo y vivir con dignidad.

El 15 de junio de 2015 las Naciones Unidas aprobaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ecuador apoyó este proceso, pero desde entonces ha guardado silencio para ratificar este instrumento, al contrario de Uruguay y Costa Rica.

¿Qué piensan los candidatos de la Convención Interamericana? ¿Conocen su contenido? De llegar a la Presidencia, ¿la ratificarán? Esas son las interrogantes que no se despejan en sus propuestas. (O)

Convención Interamericana protege los derechos de este grupo etario

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un instrumento vinculante que consagra un giro significativo en el enfoque de las políticas públicas de protección de los derechos de este grupo social (http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf.).

La Convención Interamericana que tiene como grupo beneficiario los adultos mayores de hoy y del mañana establece un marco normativo obligatorio para los países y constituye un factor de visibilidad y sensibilidad respecto a los derechos como el acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda, gratuidad en el transporte público, acciones de recreación y capacitación, deporte, acceso a la cultura, medidas orientadas a la inclusión digital o prestaciones de salud.

El incumplimiento de la Convención puede motivar una denuncia individual o colectiva de las personas adultas mayores ante organismos internacionales de derechos humanos.

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Para que la Convención sea aprobada se requieren dos debates en el seno de la Asamblea Nacional: en el caso de Uruguay se efectuó por medio de la Cámara de Senadores del Parlamento.

Esta disposición, ahora vinculante para Uruguay y Costa Rica, únicos países que la han ratificado, generará las modificaciones necesarias para lograr lo establecido en la Convención, que amplía la protección de los derechos de las personas mayores.

Entre las medidas de protección se determina en el área de la salud a partir de la implementación del Sistema Nacional Integrado, al igual que en materia de seguridad social.

Igual en la creación del Sistema de Cuidados, en sus etapas iniciales, lo que deja a Uruguay y Costa Rica a la vanguardia con respecto a otros países de América. Al siguiente Gobierno de Ecuador le tocará ratificar o no este instrumento legal para los adultos mayores.

Uruguay, a través de su Cancillería,  exhortó a los Estados miembros que aún no lo han hecho, ‘a que consideren, según sea el caso, la firma, ratificación o adhesión a la Convención Interamericana sobre la Protección de derechos humanos de las Personas Mayores’.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de este país del Cono Sur señaló en un comunicado que su aprobación el pasado 18 de noviembre constituyó un ‘logro histórico’. La Cancillería destacó que la convención es el primer instrumento regional jurídicamente vinculante sobre adultos mayores. (I)

Datos

Para 2050, la población mayor de 65 años se triplicará. Este cambio demográfico impactará en la productividad de los países y será más difícil satisfacer la creciente demanda de servicios públicos.

La salud o jubilación, especialmente en sociedades de ingreso bajo y medio como las latinoamericanas, son áreas críticas que demandan intervenciones urgentes.

Actualmente, el 65% de la población latinoamericana está en edad de trabajar, hecho que supone una ventaja demográfica al ofrecer las herramientas para un aumento de la productividad.

La ventaja demográfica supone alta productividad y ofrece a los países de la región una oportunidad inmejorable para ahorrar, invertir en capital humano y físico y garantizar la acumulación de capital.

Estos esfuerzos serán vitales para que en el futuro se pueda brindar servicios públicos de calidad a este nuevo grupo etario.