En medio del debate sobre el estado de calamidad de las finanzas del estado de Río de Janeiro, a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos Río 2016, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió a las autoridades cariocas “no esconder a los pobres” para recibir a los 500.000 turistas extranjeros que visitarán la ‘ciudad maravillosa’.   

Lula, durante su presidencia (2003-2010), fue el motor de la campaña olímpica para que Río de Janeiro fuera electa la primera ciudad sudamericana en organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, cuando Brasil comenzaba a ser llamado ‘actor global’, antes de la crisis económica y financiera que se experimenta actualmente.

El gobernador de Río de Janeiro, Fernando Dornelles, alineado con el presidente interino, Michel Temer, es criticado por movimientos sociales y sindicatos porque haber declarado el estado de calamidad para hacerle frente a los Juegos Olímpicos, mientras mantiene impagos a los empleados públicos y docentes.    

Lula, padrino político de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, reaccionó durante un mitin a la declaración de “estado de calamidad pública” decretada por el estado de Río de Janeiro que le permite hacer contrataciones, recibir ayudas del gobierno central del interino Michel Temer y medidas excepcionales sin pasar por licitaciones.

“Nosotros desde el gobierno central dimos la mayor ayuda a la ciudad sede de las Olimpiadas. Lo único que le pido al gobernador y al alcalde es que no escondan a los pobres de este país cuando lleguen los invitados, muestren la verdadera cara de nuestro pueblo. Si tienen vergüenza de ser pobres, nadie los respetará. La medalla más importante es mostrarle al mundo que somos ciudadanos de primera clase, que nos gusta el respeto mutuo y que no le debemos nada a nadie”, dijo Lula enfáticamente.

Especialistas y opositores cuestionaron la forma en que el estado de calamidad pública fue decretado por el gobernador Dornelles, ya que esta situación habilita a las autoridades a “adoptar las medidas excepcionales necesarias a la racionalización de todos los servicios públicos, con vistas a la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río-2016”. Los gremios docentes están en huelga desde el 2 de marzo y la mayoría recibirá el salario de mayo en cuotas, al igual que los funcionarios públicos y jubilados.

El alcalde de Río, Eduardo Paes, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña de Temer, el interino acusado de dar un golpe parlamentario contra Rousseff al apoyar el juicio político de su ex compañera de fórmula en las elecciones de 2010 y 2014, dijo que no habrá “trastornos” en la ciudad para la realización de los juegos.   

La previsión del déficit del estado de Río es de $ 5.555 millones, sobre todo si se tiene en cuenta la caída de la recaudación con las regalías petroleras, teniendo en cuenta que esta región es la principal provincia productora de hidrocarburos de Brasil.

Se esperan a unos 10.500 atletas y a medio millón de turistas extranjeros del 5 al 21 de agosto. Los Juegos Paralímpicos, por su parte, se celebrarán del 7 al 18 de septiembre.

Desde el Comité Olímpico Internacional se desentendieron de que el evento pueda tener vinculación con el pago a los empleados públicos. “La crisis es de Brasil, no de las Olimpiadas”, dijo ayer uno de los cuatro vicepresidentes del COI, Yu Zaiqing, a la agencia de noticias brasileña Estado.  

El gobierno de Michel Temer aprovechó la situación de Río de Janeiro para determinar un gran acuerdo sobre las deudas de los Estados hasta 2018, que fue interpretado como una forma de buscar apoyos para aumentar el agujero fiscal del gobierno central.

Por eso, para los opositores a Temer, al gobierno y a la alcaldía de Río de Janeiro, el argumento de la calamidad no es convincente. “Es una confesión de incapacidad administrativa, de una maniobra que la legislación prevé apenas para casos de desastre. Esta maniobra permitirá que el gobierno de Río tome medidas de excepción, a rebeldía de la Ley de Licitaciones”, dijo Marcelo Freixo, diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

El estado de Río de Janeiro, a partir de 2008, frente a la crisis mundial, otorgó exenciones impositivas de unos $ 40.000 millones a las grandes empresas supuestamente a cambio de mantener el nivel de actividad.   

“El caso de la fábrica de automóviles Land Rover Jaguar es emblemático, ya que la empresa recibió beneficios impositivos de $ 250 millones y generó apenas 400 puestos de trabajo”, dijo Freixo, conocido por su lucha contra las milicias parapoliciales y con policías de civil que actúan en las comunidades de Río de Janeiro. (D)