En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el crimen organizado y coordinar acciones entre los principales órganos de justicia y seguridad del país, este viernes se instaló en Quito la Mesa de Seguridad, un espacio interinstitucional integrado por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado (s) y la Policía Nacional.

La reunión fue encabezada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el ministro del Interior, John Reimberg, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila.

La mesa tiene como objetivo central definir acciones conjuntas para fortalecer los procesos de aprehensión, juzgamiento y sanción de personas vinculadas a grupos de delincuencia organizada, un problema que afecta gravemente la seguridad nacional y la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Antes de iniciar el encuentro, el ministro Reimberg ofreció declaraciones a la prensa y destacó la urgencia de asumir responsabilidades institucionales: “Debemos reconocer que hay un problema que afecta a todos los ecuatorianos y tomar la responsabilidad de nuestros actos. Esta reunión es clave para poner un alto a las puertas giratorias por las cuales los delincuentes entraban y salían”, afirmó.

Reimberg también insistió en la necesidad de una depuración de jueces y fiscales como primer paso hacia una justicia efectiva. “Estamos comprometidos en la lucha contra la delincuencia. El trabajo que realizan diariamente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas debe ir acompañado de decisiones firmes desde el sistema judicial”, subrayó.

Acciones concretas desde la Judicatura

Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentó una serie de medidas que serán impulsadas desde el organismo que dirige para contribuir a la recuperación de la paz y la confianza ciudadana:

• Monitoreo y seguimiento de procesos penales clave.
• Control disciplinario a servidores judiciales implicados en actos irregulares.
• Capacitación especializada para policías, jueces y fiscales en temas de crimen organizado.
• Implementación de un sistema de alertas preventivas para identificar riesgos procesales.
• Revisión de medidas sustitutivas como el arresto domiciliario, cuando existan indicios de reincidencia o peligro para la sociedad.

El fiscal general (s), Wilson Toainga, y el comandante de la Policía, Pablo Dávila, coincidieron en la necesidad de consolidar un sistema penal coordinado y transparente que rompa con la impunidad y enfrente con eficacia las amenazas del crimen organizado.

Compromiso interinstitucional

La Mesa de Seguridad busca consolidarse como un espacio permanente de trabajo articulado, en el que las instituciones del Estado sumen capacidades, definan estrategias comunes y den respuestas concretas ante la creciente amenaza de las mafias organizadas en Ecuador.

“Nuestro deber es trabajar a todo nivel para dar respuestas claras a favor de la ciudadanía”, concluyó Reimberg.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 13, 2025