“Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no”, declaró el presidente de la República, Daniel Noboa, en un mensaje difundido en redes sociales, al anunciar que el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea Nacional una reforma constitucional que habilite la aplicación de la castración química como parte de la pena contra agresores sexuales.

El mandatario sostuvo que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el sistema judicial en favor de las víctimas de violencia sexual. “Los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel”, afirmó, al tiempo que retó al Legislativo: “Ahora será el turno de la Asamblea, el país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores”.

La propuesta busca modificar la Constitución para incorporar el uso de esta medida dentro del régimen penal. La castración química ya se ha aplicado en otros países como Polonia, Corea del Sur o en algunos estados de EE. UU., como una forma de prevenir la reincidencia de violadores, especialmente en casos graves o reincidentes.

El proyecto enviado por el Ejecutivo señala que la medida se establece debido a que "el sistema judicial, por sí solo, ha demostrado ser insuficiente para evitar que agresores previamente condenados por delitos sexuales reincidan o incluso puedan acceder a entornos en los que circulan niñas, niños y adolescentes". 

La iniciativa también plantea crear un registro de agresores sexuales, como el implementado en otros países como Chile o Colombia, para evitar reincidencia y que personas con este tipo de antecedentes penales laboren cerca de infantes, niños o adolescentes. 

¿Qué es la castración química?

La castración química es un tratamiento médico que consiste en la administración de medicamentos que reducen drásticamente la libido y la actividad sexual. A diferencia de la castración quirúrgica, este procedimiento no implica la extirpación de órganos, sino el uso de fármacos, usualmente inhibidores hormonales, que bloquean la producción de testosterona.

El tratamiento no es irreversible, pero debe mantenerse de forma continua para que sea efectivo. En contextos judiciales, suele aplicarse como una pena adicional o una condición para la liberación supervisada de agresores sexuales.

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