Con 84 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la noche del sábado 7 de junio el proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una iniciativa presentada por el Ejecutivo como parte de un plan urgente para enfrentar las economías criminales y fortalecer la seguridad interna del país.

La norma, debatida por cuatro horas, incorpora reformas penales, nuevas reglas procesales y beneficios sociales y económicos, con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado frente al conflicto armado interno, proteger a la población civil y apoyar a los sectores productivos más vulnerables.

Medidas penales ajustadas y garantías legales

Uno de los principales beneficios de la nueva ley es que, si bien se mantienen medidas extraordinarias como los allanamientos sin orden judicial (que deberán ser legalizados por un juez en un plazo de 24 horas), se eliminó la posibilidad de detenciones sin orden judicial, garantizando así el respeto a los derechos constitucionales.

En su lugar, se introdujeron nuevas reglas de juzgamiento:

• La prisión preventiva será la medida principal en delitos cometidos durante el conflicto armado interno.
• El proceso se realizará en una sola audiencia, y si el procesado acepta los cargos, podrá recibir la pena mínima.
• Además, quienes resulten sentenciados no podrán acceder a beneficios penitenciarios hasta cumplir con la reparación integral dictada por la justicia.

Depuración y respaldo institucional

La ley también contempla un proceso de depuración dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no considerado en versiones anteriores del proyecto. Esta medida busca garantizar la transparencia y el fortalecimiento institucional de las fuerzas del orden.

En cuanto a los indultos presidenciales, estos solo podrán aplicarse una vez dictada sentencia, ofreciendo así una herramienta controlada para casos específicos, especialmente relacionados con policías o militares que hayan actuado en el cumplimiento de sus funciones.

Protección a víctimas y prevención del reclutamiento de menores

Uno de los avances más destacados es la inclusión de un capítulo específico para la protección de personas afectadas por el conflicto armado interno, con énfasis en la prevención del reclutamiento de menores por grupos criminales. Este enfoque humanitario estará respaldado por el acompañamiento del Estado en áreas económicas, sociales y psicológicas, y requerirá la validación del Ministerio de Economía para su implementación.

Incentivos económicos y tributarios

La Ley de Solidaridad Nacional también tiene un componente de apoyo al desarrollo productivo y la solidaridad:

• Incentivos económicos dirigidos a pequeños y medianos productores, jóvenes y adultos emprendedores y actores de la Economía Popular y Solidaria.
• Beneficios tributarios, como la rebaja del impuesto a la renta hasta en un 30% para quienes realicen donaciones de materiales nuevos y en buen estado a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Justicia especializada y fortalecida

Para mejorar la eficiencia del sistema judicial, la ley establece:

• Ampliación de plazos en casos de flagrancia.
• Obligatoriedad de prisión preventiva en delitos vinculados con el crimen organizado.
• Especialización de jueces y fiscales según el tipo de delito, lo cual permitirá un tratamiento más técnico y eficaz de cada caso.

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional busca un equilibrio entre el fortalecimiento del aparato de seguridad del Estado y el respeto a los derechos ciudadanos, a la vez que introduce medidas económicas y sociales orientadas a proteger a los sectores más afectados por la violencia y apoyar la reactivación productiva.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 8, 2025