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Fiscalía y SNAI advierten "abuso de derecho" en caso Norero

Leandro Norero cumple prisión preventiva por presunto lavado de activos.
Leandro Norero cumple prisión preventiva por presunto lavado de activos.
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La Fiscalía General del Estado y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informaron este martes 26 de julio de 2022 sobre sus preocupaciones en torno a las acciones constitucionales que han interpuesto Leandro Norero y sus colaboradores, quienes son sospechosos de liderar una red de narcotráfico, para salir de prisión. 

Norero es investigado como el principal cabecilla de una red de lavado de activos, que supuestamente recibía dinero de la venta y el transporte de droga hacia Estados Unidos y Europa, además de financiar bandas de crimen organizado en Ecuador. 

El equipo de abogados que defiende a Norero ha reiterado en varias ocasiones la presentación de habeas corpus para su defendido. Un juez determinó prisión preventiva para el implicado el 26 de mayo de 2022 y Norero cumple su arresto en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. 

Norero logró que una jueza de Samborondón le retirara la prisión preventiva por el delito de tenencia de armas y ahora se examina el proceso por lavado de activos contra él y otros cuatro procesados. 

La Fiscalía aseguró en un comunicado que "se evidenciaría un abuso de habeas corpus a la que los procesados han recurrido -de manera simultánea- en las últimas horas, en contra del Juez que aceptó y dictó la medida de prisión preventiva contra los procesados". 

La entidad reiteró que durante los allanamientos realizados en conjunto con la Policía Nacional se encontró armamento, grandes cantidades de dinero en efectivo y lingotes de oro, que sustentan la acusación por presunto lavado de activos. También apuntó que Norero era buscado por la Interpol en Perú y fingió su muerte para extinguir una causa en su contra. 

Por su parte, el SNAI apuntó que el uso de la acción del habeas corpus constituía un abuso y citó a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que solicitó a la función judicial competente que actúe apegada al derecho.  

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