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El Ministerio de Educación cuenta con un protocolo para actuar frente a casos de violencia sexual
El Ministerio de Educación tiene un protocolo vigente en casos de violencia, dentro y fuera de las instituciones escolares, el cual debe ser seguido por todo el personal de la comunidad educativa. El documento señala que cualquier miembro del personal educativo que tenga conocimiento de un presunto caso de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente, tiene la obligación de poner la denuncia inmediatamente en la Fiscalía y darla a conocer a la autoridad institucional.
Además, el personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DCE) y la autoridad de la institución tienen la obligación de informar al representante legal del menor sobre lo sucedido, junto con las medidas a tomar en el caso. Por su parte, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos emitirá las medidas de protección a favor de la víctima.
El texto del protocolo establece parámetros para el acompañamiento a la víctima, donde se recalca que se debe escuchar al menor sin hacer comentarios o juicios de valor. El personal educativo también debe, sin objeciones, creer primero a la víctima y no poner en tela de duda su palabra.
En el caso de que la violencia provenga del hogar, no se pondrá en contacto con el presunto agresor o agresora. Si es ejercida por algún integrante de la institución educativa, esta persona no puede ser parte del proceso de acompañamiento a la víctima. La normativa agrega que las autoridades deben limitarse a levantar la información mínima para realizar la denuncia.
Esto, a propósito del último caso registrado en el norte de Quito, donde una adolescente habría sido abusada sexualmente en una unidad de transporte escolar. La Ministra de Educación, María Brown Pérez, señaló que existe una investigación al DCE, al considerar que no se brindó la atención oportuna a la menor ni se siguió el protocolo. La rectora del colegio fue suspendida y se le pidió la renuncia.
