Daniel S. afirmó que fue parte de la trama de corrupción que investiga el caso Purga. Su testimonio anticipado fue receptado la mañana de este lunes, 3 de junio de 2024 en Quito. El procesado dentro de la investigación detalló: "he sido parte de la trama de corrupción de los jueces, conozco la trama de corrupción”. 

Daniel S. mencionó lo que sucedió aquel 8 de junio de 2020, cuando se estrelló en una avioneta en la que viajaba junto a Jocelyn M., su hermano Noé S. y el conductor de la avioneta. Daniel S. viajaba con una identidad falsa y huyó del país tras estar involucrado en una trama de corrupción. 

El juez Reinaldo C., (procesado) le habría pedido USD 300.000 para supuestamente darle arresto domiciliario o firmas. “Me pareció una cantidad totalmente exuberante, así que dije que no. Luego, decidí tomar una avioneta, como es de conocimiento público”...

Jocelyn M. no sabía que él estaba huyendo, según su versión.

“Llegué al hospital, ahí me hicieron las propuestas de que con 5.000 dólares podía irme a mi domicilio o poder recibir las terapias que necesariamente eran de mi obligación”, mencionó. Daniel S. se habría negado a pagar el dinero. Al día siguiente fue trasladado a El Inca (cárcel en Quito). 

Llegué con costillas rotas (...). Los guías pueden ser testigos, entonces no sé si fue represalia a la negativa del dinero, pero pasó (...). 

Daniel S. y Reinaldo C., habrían hablado por WhatsApp. El juez le habría comunicado que Daniel S. podía mejorar su estadía en otra cárcel. “No sabía qué cárcel era buena o qué cárcel era mala, pero me comentó que ya se había mencionado que sería la Cárcel 4 (en Quito), que era dos veces mejor que esta [...]”.

Para este beneficio, Daniel S., debía pagar USD 100.000. Finalmente el investigado habría negociado el traslado por USD 70.000. El dinero fue supuestamente entregado por Andrés A., en la casa de Reinaldo C. 

De esa forma, tras meses de detención, fue trasladado a la cárcel 4, en el norte de la capital.

En su testimonio dijo que le pedían altas sumas de dinero porque se dieron cuenta de que “el Daniel Salcedo, empresario, que mostró muchos contratos millonarios”. 

Luego de ese hecho, el otro juez, Henry M. le habría pedido USD 150.000 para ratificar la inocencia de Jocelyn M. ya que se abrió el caso de presunto fraude procesal tras su fuga a Perú.

Daniel S. mencionó a Lino R. “Cuándo salí en libertad en 2022 me reuní con él en una vía de Guayaquil (...) me subí a su camioneta y le entregué USD 100.000 para que fallara a mi favor en el caso de peculado en mi contra”.

Finalmente, el ahora procesado detalló que supuestamente se volvió a reunir con Lino R. en los bajos de la Corte del Guayas y le habría pagado USD 4.000 o USD 5.000 como adelanto, pero el juez Lino R. habría sido separado del caso.

#AHORA | #CasoPurga: Daniel S. –en calidad de testigo protegido– rinde su testimonio anticipado en esta causa, en la que #FiscalíaEc procesa (hasta ahora) a 12 personas por presunta #delincuenciaorganizada. pic.twitter.com/IIXj9UiUeV

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 3, 2024

El habeas corpus que lo vincula con el exvicepresidente Jorge G.

Otra de las revelaciones que dio Daniel S. está relacionada con el exvicepresidente Jorge G. Presuntamente, el abogado Christian R. (entonces defensa de Daniel S. y el exvicepresidente Jorge G.) habría planificado la presentación del habeas corpus del que se beneficiaron los dos detenidos. 

El hecho habría ocurrido presuntamente en la Cárcel Cuatro. En la cita, el abogado le habría pedido a Daniel S. USD 150.000 a cambio de esta acción. Según su versión, Daniel S. le habría preguntado cuánto le costaría al exvicepresidente este trámite. Supuestamente, Christian R. le contestó que eso se arregló con Virgilio. En la intervención, la fiscal Diana Salazar le preguntó ¿Virgilio, qué? y Salcedo respondió «Hernand», no recuerdo.

Salcedo dijo que las cantidades que le solicitaban los jueces a cambio de los fallos a su favor iban de USD 50.000 a USD 150.000.

Presuntamente, el dinero era entregado a los jueces en efectivo, y por ello Daniel S. necesitaba seguridad por temor a la delincuencia. “La delincuencia es terrible”, mencionó.

Además, supuestamente el juez Byron G. (actual candidato a la Defensoría Pública) le debe USD 10.000. Supuestamente él le habría solicitado USD 140.000 para favorecer en la causa en su contra por un presunto lavado de activos. Daniel S. le habría entregado un adelanto de USD 70.000. Luego de que presuntamente el fallo no le favoreció, él le devolvió el dinero, pero se quedó con 10.000 dólares.