El Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF) pidió al Estado ecuatoriano revisar “bien” el acuerdo al que se llegó con Colombia por las aspersiones con glifosato en la frontera, que se realizaron en 2007 y que afectaron a cientos de habitantes.

En 2008, Quito demandó a Bogotá ante la Corte Internacional de La Haya por esta causa, sin embargo, el  jueves pasado  se  retiró la querella ya que el vecino del norte se comprometió a pagar 15 millones de dólares como indemnización.

El viernes pasado, el canciller Ricardo Patiño explicó que se garantizó “una zona de exclusión, que inicialmente será de 10 kilómetros (km), en la zona fronteriza para el primer año, pero que podría  reducirse a 5 kilómetros en el segundo año y hasta dos kilómetros en adelante, siempre y cuando la comisión científica binacional compruebe y certifique que el glifosato aspergeado no llegue a territorio ecuatoriano bajo ninguna circunstancia”.

La CIF considera esas condiciones como un problema, pues, según Elizabeth Bravo, presidenta de la comisión, debería prohibirse terminantemente las fumigaciones aéreas en una franja de 10 km.

Bravo califica la indemnización de 15 millones de dólares como insuficiente, porque, según ella, no compensa  los graves problemas de salud que sufrió la población, cuyas consecuencias se ven  hasta ahora.

Lina Cahuasqui, miembro de la CIF, dijo que en Sucumbíos se afectaron más de 80.000 hectáreas, en donde 32.440 aún están destruidas. En 2008 se calculó que los daños ascendían a 55 millones de dólares solamente en esta zona. Por lo que  ellos serán veedores del proceso.

Lo cierto es que los fallos que emite la Corte de La Haya suelen contener indemnizaciones simbólicas, por lo que la diplomacia ecuatoriana catalogó el acuerdo como un éxito.