En Venezuela viven más de 5’630.000 colombianos -quienes están incluidos en los diferentes programas sociales impulsados por el Gobierno bolivariano (alimentación, salud, educación, vivienda, empleo)- y más de 50% de los ciudadanos se desplazaron a territorio venezolano en los 2 gobiernos del expresidente liberal Álvaro Uribe Vélez. Así lo indicó Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quien en entrevista con Telesur precisó que solo el 0,017% (cerca de 1.000) de la totalidad de colombianos que residen en Venezuela, y que era de forma ilegal, fue repatriado a su país. En este sentido, Rodríguez defendió la legalidad de las medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro, de decretar el cierre de las fronteras por el lado colombiano y el estado de excepción en 10 municipios limítrofes, en el estado de Táchira, para frenar el contrabando y el ingreso de paramilitares al territorio venezolano. Rodríguez indicó que tras la medida tomada por el Gobierno venezolano se realizaron operativos de seguridad en la zona fronteriza, donde se dedicaban a actividades ilegales, como contrabando de productos, paramilitarismo, secuestro, explotación sexual, trata de menores. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello (foto), informó el martes de la captura de 32 presuntos paramilitares colombianos en la zona. “La verdadera crisis humanitaria es que de Colombia huyeron casi 6 millones de ciudadanos de la muerte, del desplazamiento de las tierras, de las fosas comunes, de los falsos positivos”, sostuvo al desmentir las acusaciones del Gobierno colombiano del cometimiento de violaciones de derechos humanos contra colombianos. (I) Bogotá denunciará a Caracas ante la Corte Internacional El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que la Fiscalía de su país está “considerando seriamente” la posibilidad de denunciar ante la Corte Penal Internacional a miembros del Gobierno de Venezuela por “crímenes de lesa humanidad”. El mandatario explicó que esta acusación se basa en los casos de “deportación o traslado forzoso de (1.100) colombianos”, quienes -añadió- fueron víctimas de “actos violatorios del derecho internacional”, informa El Tiempo. (I)