El pasado 21 de junio María del Pilar Hurtado, líder del municipio colombiano Tierralta, fue asesinada por dos sicarios que le dispararon delante de su hijo, de 9 años, quien la acompañaba en sus labores de reciclaje.

El crimen sensibilizó a los colombianos por los desgarradores gritos del niño que quedaron registrados en un video. Escenas de dolor que motivaron el repudio de la sociedad y reavivaron el debate entre la clase política sobre la violencia en el país.

Según el último informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, con corte hasta abril de 2019, 681 líderes sociales fueron asesinados desde 2016. En ese año el Gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz, que condicionaba la desmovilización de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estas cifras no coinciden con las del Gobierno, que reportó que entre 2016 y mayo de 2019 ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales en el país, de los cuales, 60 sucedieron durante la presidencia de Iván Duque.

Según esto, 221 asesinatos fueron perpetrados durante la administración de Juan Manuel Santos, que terminó su gestión el 7 de agosto de 2017.

Lo cierto es que los líderes sociales y defensores de derechos humanos se encuentran en una situación crítica en Colombia. Los actos de violencia contra este colectivo se intensificaron en 2018 y son sistemáticos, explica la Fundación Paz y Reconciliación.

“La acción de presuntos grupos armados ilegales y organizaciones criminales” es común en las zonas que antes operaban las FARC, explica la Defensoría del Pueblo.

En concreto, habla del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), pues asegura que ellos “ocupan los espacios que dejan las FARC”.

Las FARC operaban en 242 municipios y “se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad estatal. Sin embargo, hacia estos territorios se desplazan otras estructuras ilegales”, añade la Fundación Paz y Reconciliación.

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Colombia conminaron ayer a las autoridades que tomen medidas para proteger la vida de los activistas. 

Exguerrilleros víctimas
A los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos se suman 135 crímenes de antiguos rebeldes que firmaron la paz.

“Estos asesinatos constituyen una violación del acuerdo final, por lo tanto son responsabilidad del Estado y el Gobierno”, manifiesta Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido que formó la exguerrilla tras el acuerdo de paz. (I)