Un Tribunal obliga a indemnizar a etarra
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a España por haber aplicado retroactivamente una ley y postergado la liberación de la militante del grupo armado ETA Inés Del Río Prada, condenada por atentados, y pidió su liberación, pero Madrid apelará la sentencia.
Inés Del Río fue condenada entre 1988 y 2000 a más de 3.000 años de prisión por su participación en varios atentados mortíferos y en asesinatos, pero en virtud de una ley de 1973 sobre la acumulación de penas, se fijó en 30 años la duración de su detención.
Gracias al sistema de reducción de penas, como ella empezó a purgar la suya en febrero de 1989, podía salir en libertad el 2 de julio de 2008. Pero, poco antes de ser liberada, la Audiencia Nacional, la más alta instancia judicial española, postergó su liberación invocando una jurisprudencia de 2006.
Esta jurisprudencia, llamada "doctrina Parot", estipulaba que los beneficios de la reducción de penas debían aplicarse por cada condena y no por el límite de 30 años de encarcelamiento.
En su decisión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, señala que “la nueva interpretación del Tribunal Supremo, tal como fue aplicada en el caso, equivale a prolongar retroactivamente casi nueve años la pena que la demandante debía purgar”.
En consecuencia, la detención de la demandante no es "regular" desde el 3 de julio de 2008 y España "debe garantizar la puesta en libertad de la demandante con la brevedad posible", concluye el Tribunal, que decidió asimismo una indemnización de 30.000 euros para Del Río en concepto de daños no pecuniarios.
