Un mausoleo para senderistas genera debate en Perú

Que la memoria es una forma de transmitir cultura es una proposición que deja poco margen al cuestionamiento. Aquello que se transmite, sin embargo, permite la crítica, la resistencia, y en casos como los del mausoleo construido en un cementerio limeño para rendir tributo a la memoria de los miembros de Sendero Luminoso, asesinados en la matanza de los penales en 1986, el rechazo.

Es cierto que una guerra no necesariamente tiene como contraparte la reconciliación. Es cierto también que lograr la paz, en algún momento implica, doblegar al otro. Ese triunfo, en el caso del enfrentamiento entre Sendero Luminoso, grupo maoísta encabezado por Abimael Guzmán, y el Estado peruano, se legitima desde el silencio. Una especie de desentendimiento con el pasado -70 mil muertos de por medio- es el territorio oficial sobre el que se levantan, en este país, las narrativas de postguerra.

A finales de septiembre ese desentendimiento fue roto. La circulación de un video que mostraba a un nutrido grupo de personas, marchando con banderas y arengas prosendero, hacia las inmediaciones de un cementerio ubicado en el populoso distrito de Comas, trajo a la mesa el debate, una vez más, las formas de recordar a los senderistas. El motivo de la marcha era rendir un homenaje a las víctimas de la Matanza de los Penales, ocurrida en el primer gobierno de Alan García. El homenaje se concretaba con la llegada a un mausoleo levantado en este recinto, una tumba colectiva con capacidad para cincuenta cuerpos, ocupada, ahora, solamente por ocho. Pocas denuncias relacionadas con Sendero logran la condición de inadvertidas entre la población.

Los medios de comunicación se encargan de postularlas como una amenaza latente, y los titulares que acompañan esa propuesta siempre las muestran como una posible reactivación del grupo, un supuesto crecimiento de la subversión, un llamado alarmante y urgente a la seguridad extrema.

La del mausoleo no fue la excepción. Consultado por la prensa, la principal autoridad de este país, Pedro Pablo Kuczynski, fue claro: derrumbar esa construcción mortuoria es la salida inmediata. A ello se sumó el procurador antiterrorismo, Mirko Ruiz, quien atinó a revelar que sobre el mausoleo se configura el delito de apología al terrorismo, penado con hasta 12 años de cárcel. El alcalde del Distrito, Miguel Ángel Saldaña, no tardó en excusarse: un error administrativo habría permitido la construcción del recinto. El permiso fue emitido para una tumba de ocho personas. Nadie habló de cincuenta.

Del otro lado, el de las víctimas, no se ha dicho mucho. Apenas lo que la ley permite. De los ocho cuerpos que ahora ocupan el mausoleo, siete están involucrados en denuncias que buscan esclarecer las causas de sus muertes. Son, por lo tanto, cuerpos de delito. Y si la ley es la que busca sacarlos de sus tumbas, ella misma es la que impide que un cuerpo de delito sea movido de su posición hasta que el proceso judicial termine. La contradicción, sin embargo, no tiene lugar en la urgencia. Saldaña acudió al Congreso para pedir que los legisladores interfieran ante la Fiscalía y agiliten el permiso de exhumación que dé paso a la demolición del sitio. La bancada fujimorista, como no podía ser de otro modo, apoyó esta moción. Nada hay más grave para su código de ética que cualquier acto que tenga que ver con la memoria. Solo el Frente Amplio, sus representantes, se han manifestado a favor de mantener el sitio, de hacerle un espacio, en medio de tanta indiferencia, a la memoria.

¿Cómo se debe recordar a los senderistas? ¿Se los debe recordar? Son preguntas abiertas a partir de esta denuncia. Abiertas, como las heridas de la misma guerra. (I)