Tumaco: la narcoguerra que se libra en la frontera con Ecuador

Tumaco es un puerto del Pacífico colombiano fronterizo con Ecuador, en donde se libra una guerra por el control del negocio del narcotráfico que ya ha dejado 65 muertos este año, uno cada dos días en promedio.

El conflicto, que enfrenta a bandas criminales (bacrim), grupos paramilitares, el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -una insurgencia en proceso de reincorporación a la vida civil-, tiene a la población en medio del fuego cruzado. Unas 300 familias han sido desplazadas este año debido a la violencia.

Lo que hay detrás de esta disputa territorial es el millonario negocio de la cocaína y, paradójicamente, el acuerdo de paz que firmó el Gobierno colombiano con las FARC en noviembre pasado. Como resultado de ese pacto, 6.884 combatientes de esa guerrilla abandonaron las zonas donde operaban para concentrarse en 26 puntos del país donde realizan su transición de desarme. Los espacios dejados son los que intentan copar a sangre y fuego otros actores armados.

En el caso de Tumaco, municipio ubicado en el departamento de Nariño, la lucha que libran las organizaciones narcoparamilitares Renacer y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -estas últimas conocidas también como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Los Urabeños-; la bacrim Clan Pacífico; las Guerrillas Unidas del Pacífico y la Gente del Orden, que son disidencias de las FARC, y el Frente de Guerra Suroccidental del ELN, es por el control de la producción de la hoja de coca, su procesamiento en clorhidrato de cocaína y su tráfico, vía marítima, hacia los principales centros internacionales de consumo.

Y es que Tumaco es, hoy por hoy, el municipio colombiano con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca, con 28.000 hectáreas, el 15% del total del país, según estimaciones de la Policía Nacional. Esto es el triple de lo que había en 2013.

Con esa extensión de plantaciones, que tienen el potencial de producir 190 toneladas de cocaína al año y con las condiciones estratégicas que ofrece ese puerto a los narcotraficantes -kilómetros de costa repletos de manglares inhóspitos a los que se llega a través de decenas de ríos-, Tumaco se ha convertido en el principal punto colombiano de salida de esa droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

“En Tumaco confluyen factores que hacen de esa ciudad un centro del narcotráfico: su acceso al mar a través de ríos, lo que facilita la salida de droga en lanchas rápidas y en semisumergibles (submarinos artesanales), su cercanía con la frontera con Ecuador, su clima húmedo para sembrar la hoja de coca… todo es un caldo de cultivo para el crimen”, dice a EL TELÉGRAFO el director de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, general José Ángel Mendoza.

De acuerdo con el jefe policiaco, la guerra que libran por el control de Tumaco las diferentes organizaciones criminales las ha convertido en ‘entes desestabilizadores’ para esa ciudad de 202.000 habitantes que viven entre la zozobra, el terror y la pobreza.

Según estimaciones de autoridades municipales, el 80% de la población es pobre y 7 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, lo que los convierte en ‘carne de cañón’ para las bandas criminales.

“En difícil que un joven sin empleo diga no a los criminales que le ofrecen un arma y un sueldo mensual de 700.000 pesos colombianos ($ 250) para dedicarse a matar personas y traficar estupefacientes”, dice un activista comunitario que pidió la reserva de su nombre. “Aquí han matado a mucha gente por hablar con periodistas”.

El puerto

Tumaco es un puerto pesquero y petrolero donde el 90% de su población es afrodescendiente y el 6% indígena. Es uno de los municipios más extensos de Colombia, con una superficie total de 3.760 kilómetros cuadrados, en su mayoría rural. Por el sur, hace frontera con Ecuador.

En la ciudad se suda el calor del mediodía. Muchos hombres caminan por las calles en sandalias y sin camisa y las mujeres usan ropa ligera. Las altas temperaturas y la humedad no dan tregua. Los niños nadan y se bañan en los ríos, en el Rosario, en el Mira, en el Patía. El viejo acueducto solo abastece de agua a la ciudad cada 10 días.

El movimiento de mercancías en el puerto es incipiente, pero en cambio el oleoducto que desemboca en la bahía genera una gran actividad. Allí, en esa terminal marítima, se abastecen los buques cisterna que transportan a los mercados internacionales de petróleo de Colombia y de Ecuador.

El diputado de la Asamblea del Departamento de Nariño, Eduardo Andrés Zúñiga, considera que es urgente que el Gobierno nacional invierta en el mejoramiento de la infraestructura portuaria de Tumaco, pues presenta un rezago y en pocos años más enfrentaría la competencia de tres nuevos puertos que se construirán en el Pacífico colombiano.

De acuerdo con Zúñiga, los altos índices de violencia que registra la ciudad no solo se abatirán combatiendo la narcoactividad con más policías y fuerzas militares, sino con inversión que ofrezca oportunidad de empleo a los jóvenes involucrados con las bandas criminales.

Con tanta vía fluvial y actividad pesquera, gran parte de la población crece bregando en los ríos y en el mar. Las lanchas son un medio de transporte habitual y, en muchos casos, es el único que tienen comunidades enteras perdidas entre los manglares.

Miles de tumaqueños conocen bien las intrincadas rutas fluviales que conducen a las áreas de costas planas y cubiertas de mangle y los deltas de los ríos Mira y Patía, que a su vez están compuestos por numerosos esteros. Es usual que pescadores o lancheros que conocen desde niños esa exuberante zona costera acaben trabajando para los narcotraficantes.

Según estimaciones de la Policía Nacional, cada mes salen en lanchas por Tumaco al menos 10 toneladas de cocaína pura con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. En este último mercado, esa cantidad de droga alcanza un valor de $ 250 millones.

“Esto es lo que hay detrás de la tragedia de Tumaco, el negocio de la droga. Y lo que necesitamos para contrarrestar ese efecto es inversión social”, dice a este diario el padre Arnulfo Mina, vicario general de la Diócesis de Tumaco.

Para el sacerdote católico, un comprometido defensor de los derechos humanos, la lucha por los territorios que abandonaron las FARC es, precisamente, una guerra por las altas ganancias que genera la producción y el tráfico de cocaína. “Esa es la causa de la violencia que estamos viviendo en estos días”.

El padre Mina dice que, el mes pasado, en un solo día ofició una misa con tres féretros de jóvenes que habían sido asesinados. Y hubo una semana en la que se juntaron 11 cuerpos en la morgue municipal, lo que es “demasiado para una ciudad tan chica”.

El coctel criminal

Una carta enviada por la alcaldía de Tumaco al presidente Juan Manuel Santos pide ayuda al mandatario ante la ola de “homicidios selectivos, atentados terroristas, extorsiones y desapariciones, así como el incremento del tráfico de armas y de cultivos ilícitos, la restricción al tránsito y las barreras invisibles en los barrios y veredas, y la libre movilidad de grupos armados ilegales por los esteros y en mar abierto”.

Y el gobernador de Nariño, Camilo Romero, pidió a Santos instalar de manera urgente una mesa de alto nivel para formular una estrategia integral que apunte al desarrollo social de Tumaco y a detener la espiral de violencia. De lo contrario, señaló, ese puerto del Pacífico colombiano “se puede convertir en escenario de un nuevo conflicto, de consecuencias más graves que las de la guerra con las FARC”.

La Policía Nacional envió a esa ciudad un contingente de 1.200 hombres que realizan labores de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca y persiguen a las organizaciones criminales que se disputan el territorio.

Pero las tareas de erradicación han provocado masivas protestas de campesinos que piden al Gobierno respetar el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que se deriva del acuerdo de paz con las FARC y el cual prevé subsidios por unos $ 12.500, por dos años, para las familias que cambien los sembradíos de hoja de coca por cultivos de productos tradicionales.

Las protestas han sido de tal magnitud, que el mes pasado los manifestantes secuestraron a 11 policías por más de un día y el patrullero Bayron Fernando Recalde, de 23 años, resultó muerto por disparos de arma de fuego.

El general José Ángel Mendoza, director de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, señala que detrás de la protesta campesina hay mafias del narcotráfico que pagan hasta $ 30 a cada manifestante para enfrentar a los uniformados.

“Nosotros estamos erradicando los cultivos industriales, no las plantaciones de los pequeños cultivadores, porque ellos se están acogiendo al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, asegura Mendoza.

Organizaciones de derechos humanos consideran que hay una descoordinación del Gobierno porque existen casos en que el Ministerio del Posconflicto firma acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos con las comunidades y a los pocos días llegan policías a erradicar esas mismas plantaciones cocaleras, lo que les impedirá a los campesinos recibir los subsidios previstos.

Y el principal beneficiario de esa falta de sincronía entre las instituciones públicas es el crimen organizado, que aspira a mantener por lo alto el abastecimiento de hoja de coca y pasta base para procesar clorhidrato de cocaína en la zona montañosa del piedemonte costero.

El general Mendoza señala que un objetivo prioritario de la Policía es ubicar a todos los líderes de las bandas criminales y grupos paramilitares que se benefician del narcotráfico, desde Renacer y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -conocidas también como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Los Urabeños-, hasta las disidencias de las FARC conocidas como Guerrillas Unidas del Pacífico y Gente del Orden y ‘HH’, jefe del Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

El pasado 28 de abril, la Policía Nacional dio de baja al jefe de las AGC en la zona, Jhon Fredy Rivera, el ‘Zorro’, y el lunes 8 de mayo incautó 69 granadas de mano, 70 barras de pentolita y 31 kilos de otros explosivos. Ese arsenal pertenece a Jhon Jarley Benítez Mejía, alias ‘Cusumbo’, un paramilitar que jefatura al grupo Renacer.

De acuerdo con la Policía, esa organización criminal está en guerra contra la Gente del Orden, que lidera ‘Hugo’, un disidente de las FARC.

Para el general Mendoza, el hecho de que Tumaco haga frontera con Ecuador en una extensa área de muy difícil acceso es una ventaja para las bandas criminales.

“Pero estamos adelantando operaciones conjuntas con autoridades ecuatorianas que han dado resultados importantes, tanto en incautaciones de droga, como en capturas. El mes pasado capturamos en Colombia a un capo ecuatoriano del narcotráfico muy importante (Washington Prado Álava, a quien se atribuye el envío de 250 toneladas de cocaína, desde Tumaco, hacia Centroamérica, México y Estados Unidos)”, informa el jefe de la Dirección Antinarcóticos.

Las tardes en Tumaco en esta época del año son cálidas, pero la brisa del océano Pacífico refresca el puerto y la ciudad. Son los momentos de la puesta del sol, cuando la bahía luce magnífica, con un brillo rojizo que la cubre en lo que llega la noche. (I)