Solo una medida cautelar puede salvar a Gustavo Petro

Las apelaciones y las demandas ante la justicia colombiana que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentó para evitar su destitución por parte de la Procuraduría General, se   agotan, bajo la presión de los grupos políticos tradicionales que quieren verlo fuera del Palacio Liévano de la capital.

Petro ahora no solo tiene la amenaza de caer empujado por los aparentes fallos en derecho de la Corte Constitucional y el Colegio de la Judicatura Nacional, sino que ya siente la presión del 6 de abril  que se realizará la consulta popular para revocar su mandato.

En diálogo con EL TELÉGRAFO, Petro reconoció que ya no tiene recursos jurídicos en Colombia que permitan continuar con su mandato. Dijo que “está demostrado que un gobierno alternativo y quienes lo conforman y apoyan no tienen garantías políticas en el país”.

Sin embargo, el alcalde agradeció a los magistrados que decidieron defender los derechos políticos y las libertades civiles de  la capital de la república.

El funcionario agregó que sus derechos fundamentales quedan en manos de la justicia interamericana, en referencia a las medidas cautelares que espera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De todos modos y de forma concluyente el alcalde de Bogotá aclara:  “No es el momento ni de rendirnos ni mucho menos de vender los principios democráticos. La lucha de la democracia continúa”.

Ante esta situación y la premura del tiempo, el abogado internacionalista de Petro, Rafael Barrios, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie cuanto antes frente a la solicitud de medidas cautelares.

El jurista dijo que ya se cumplieron los trámites judiciales en Colombia suficientes con los que se demuestra que no fue posible amparar los derechos aparentemente vulnerados al alcalde,   por ello la salida que le queda al mandatario distrital son las instancias internacionales. Tras reconocer que la acción de tutela (medida que en Colombia protege no era el recurso idóneo para resarcir los derechos del alcalde, el abogado Barrios explicó que debían agotarlo para poder llegar a instancias internacionales, como la CIDH.

Por su parte el internacionalista de la ONG Diálogo Abierto, Brian Smith, sostuvo que “si el alcalde de Bogotá, que fue elegido popular, finalmente sale, esa sería la muestra  de la debilidad de la democracia colombiana. Petro puede equivocarse como cualquiera, pero su mandato es legal y debe permitírsele finalizarlo”.

Para el analista y politólogo Bernardo Moreno, “las cuentas para quedarse en el poder no le cuadran al alcalde. Todo parece indicar que antes del 6 de abril, fecha para la que están citados los ciudadanos para votar la revocatoria, la capital del país tendrá alcalde encargado hasta que se realicen las elecciones”.
El investigador Carlos Espinosa  aseguró que “las posibilidades de que Petro se pueda mantener al frente de la administración de Bogotá cada día se limitan más.