El Senado de Bolivia aprobó este miércoles 20 de noviembre de 2019 el primer trámite para convocar elecciones. El proyecto de ley, del gobierno interino de Jeanine Áñez, es un marco normativo, pero que aún no fija una fecha para los comicios.

El proyecto salió adelante con los votos de la formación de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), y de los partidarios de Áñez. Pero no es seguro un triunfo en la Cámara de Diputados. Áñez advirtió de que si no hay consenso convocará elecciones por decreto.

El anuncio de la mandataria interina se oficializó luego de que 26 países aprobaran este miércoles 20 de noviembre en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución para pedir a las autoridades bolivianas que convoquen “urgentemente” a elecciones, ante el alto número de muertos y heridos por los actos de represión de la policía.

Áñez explicó que el proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitorio para las Elecciones Generales 2020 es “un documento base para generar un consenso nacional”, que puede modificarse en el Parlamento.

El proyecto del Ejecutivo, cuyo texto no fue difundido, incluye “la posibilidad de acortar plazos”. El ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, indicó que con esto en 15 días puede nombrar un nuevo órgano electoral.

A partir de ahí la convocatoria con una fecha determinada “es cuestión técnica” de este órgano, comentó.

En medio de la crisis por el poder, este miércoles 20 de noviembre de 2019 el Gobierno provisional también anunció que presentará una denuncia internacional en contra de Evo Morales por “crímenes de lesa humanidad”.

La mandataria interina acusa a Evo de organizar desde su asilo en México los bloqueos para impedir que llegue alimento a varias ciudades bolivianas.

El sustento de esta demanda es un video presentado a los medios por el ministro interno de Gobierno (Interior), Arturo Murillo. En él se muestra a un dirigente identificado como Faustino Yucra Yarhui en una conversación telefónica en altavoz con Evo Morales.

Los reclamos de DD.HH.

El fin de semana, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), pidieron la derogación del nuevo decreto de Áñez que permite a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos con impunidad.

Ante este reclamo, la OEA exigió a la presidenta interina que se garanticen que quien viola los derechos humanos tendrá que asumir responsabilidades ante la Justicia. Según la Defensoría del Pueblo, la protestas dejan 30 muertos y 775 heridos.

En contexto, las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que el entonces presidente, Evo Morales, fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo generó protestas del grupo opositor en medio de denuncias de fraude. Sin embargo, la mayoría de los muertos se registran luego de que Áñez se autoproclamó como presidenta interina. (I)