Senado aprobará el plebiscito para la paz

El desarrollo del plebiscito para la paz, -mecanismo de refrendación de los acuerdos entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- que fue aprobado por la Corte Constitucional, costará $ 200 millones (350 mil millones de pesos). En 15 días debe ser enviado al Congreso para su debate. La refrendación, que tiene carácter vinculante, se efectuará entre septiembre y octubre de este año.

El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, aseguró que el costo de este proceso electoral será el mismo que se estima para elegir presidente porque exige el mismo número de mesas, la disposición de los jurados, los tarjetones y demás. La preparación del proceso electoral llevará entre 6 y 7 semanas. Este tiempo será el mismo en el que se desarrollarán las campañas por el Sí y por el No, es decir a favor o en contra de los acuerdos de paz.

La Registraduría pondrá en marcha el proceso una vez que el presidente Juan Manuel Santos convoque el plebiscito, el cual debe pasar por un estudio en el Congreso, luego ser sancionado y finalmente se dispondrán los recursos para realizar la contratación respectiva. Los tiempos de sanción presidencial y de convocatoria al plebiscito dependen del mandatario. Siguiendo lo anunciado por el mismo Gobierno, en menos de un mes se podría firmar el acuerdo final.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó que la última vez que se realizó un plebiscito en el país fue en el año 1957 para acabar con la violencia liberal y conservadora. Por su parte, la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, señaló que para el alto tribunal el proyecto de ley que establece un plebiscito para la paz cumplió con el trámite de ley por lo que lo declaró ajustado a la Carta Política. “La corporación declaró que estaba acorde con las reglas de la Constitución, es decir, que se habían respetado todas las reglas del procedimiento legislativo en ese proyecto de ley estatutaria”.

Sobre el título del proyecto, la Corte lo avaló con la condición de que “se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a la cual alude el proyecto de ley no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución, ni del ordenamiento jurídico colombiano”, precisó la presidenta de la Corte. La magistrada al explicar la posición que asumió la Corte frente a cada uno de los 6 artículos del proyecto de ley, señaló que este será devuelto a los presidentes de Senado y Cámara para que lo envíen a sanción presidencial. (I)