La seguridad, uno de los puntos más debiles del gobierno de Iván Duque

- 08 de agosto de 2019 - 00:00
Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO

La popularidad del mandatario colombiano cayó por debajo del 37%. El Congreso solo aprobó el 39% de los 18 proyectos que presentó. La implementación del acuerdo de paz y el combate efectivo a la violencia son temas pendientes.

El 7 de agosto de 2018, Iván  Duque asumió la presidencia de Colombia. Con 43 años removió el tablero político en un país en el que cada gobernante poseía varios años de experiencia. En contraparte, su hoja de vida solo ostenta un cargo como senador (de 2014 a 2018).

La publicación británica  The Economist Intelligence Unit (EIU, por sus siglas en inglés) evaluó el primer año de Duque como “improductivo” y, al compararlo con los cuatro períodos anteriores, aseguró que un gabinete más diverso políticamente mejoraría su gobernabilidad y su situación frente al Congreso. Su popularidad cayó por debajo del 37%.

La influencia de Uribe
Una de las principales ventajas y desventajas de Duque es su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque durante la campaña lo ayudó a obtener el 53,98% del respaldo en las urnas, la figura del exgobernante es también su cruz.

La revista Semana publicó en su edición del fin de semana que este acercamiento  “ha obligado al presidente a caminar en una cuerda floja entre lo que él es y lo que esperan quienes lo eligieron”.

El diario La Tercera analiza que por esta razón el jefe de Estado también ha tomado posturas diferentes a las tradicionales.

Una de estas posturas es la de no ceder ante la famosa “mermelada”. Esto quiere decir que a los congresistas que aprueban los proyectos de ley del Gobierno se les conceden puestos de trabajo, contratos y cupos- Y no otorgarlos tiene sus consecuencias: la dificultad para aprobar los proyectos gubernamentales en el Congreso.

El politólogo y columnista de El Tiempo, Fernando Posada, explicó que uno de los casos más significativos son las objeciones que Duque presentó a la Justicia Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional para los crímenes del conflicto armado.

“Eso ha hecho que cambie la relación gobierno-Congreso para bien y para mal; cambia la noción notarial del Congreso, pero también se cambia la eficiencia y la productividad legislativa del Gobierno”, acotó Posada.

Según la revista Semana, de los 18 proyectos que el Gobierno presentó, el Congreso solo aprobó el 39%.

La politóloga de la Universidad Javeriana de Colombia, Diana Avellaneda, especificó que “sin duda alguna la seguridad es uno de sus puntos más débiles”. Le siguen los desafíos como la gobernabilidad y la economía.

Posada, por su parte, aseguró que “si el Gobierno soluciona esos tres problemas o al menos avanza en ellos, se resolverá uno de los problemas más difíciles”.

Acuerdo de paz
En 2016, después de 50 años de conflicto, el Gobierno colombiano firmó un histórico acuerdo de paz con el grupo rebelde más grande del país, las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo con The Washington Post, Duque   trata de retirarse de las disposiciones clave, negociadas minuciosamente, permitiendo que los exrebeldes soliciten recibir sentencias de prisión reducidas o conmutadas a cambio de confesiones, sin preocuparse de proteger a civiles inocentes de ser asesinados.

Sin embargo, la revista Semana y El Tiempo destacan su postura como positiva.

Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta ahora, 738 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados.

Luego de la firma del acuerdo, las FARC se dividieron en grupos criminales y en quienes aún sueñan con la paz. (I)      

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