Rodrigo Rato, clave en la crisis financiera de España

España está indignada. Si sus ciudadanos pudieran elegir a una persona para someterla a un juicio sumarísimo en la plaza del pueblo no habría dudas de que el elegido sería Rodrigo Rato. El exvicepresidente del gobierno de José María Aznar y exdirector del FMI es hoy un hombre apestado a quien todos citan con rencor. La justicia tiene indicios probados de que mientras presidió Bankia, entidad bancaria que ahora está intervenida, urdía la estafa millonaria contra miles de ahorradores a los que dejó en la miseria y acumulaba una fortuna que fue depositando en un paraíso fiscal, posiblemente en las Islas Vírgenes.

Rato, a quien el todopoderoso banquero Emilio Botín calificó como “el mejor ministro de Economía del mundo”, fue detenido el jueves en su lujosa vivienda del centro de Madrid y expuesto ante los focos de las cámaras como un vulgar ladrón. Tras varias horas de interrogatorios y registros, el juez decretó su puesta en libertad con cargos por 3 supuestos delitos cometidos: fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Pese a la novedad que supone en España el arresto de una de las figuras intocables del sistema, nadie ha proclamado que el operativo haya sido un éxito de la democracia. Ni siquiera que es la prueba de que el régimen funciona y que los ciudadanos exigían para seguir confiando en la independencia de sus poderes. Nadie, excepto el gobierno de Mariano Rajoy a quien le faltó tiempo para proclamar que “la impunidad no existe en democracia”. Minutos después de que la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, elevara a los altares el operativo desplegado para detener a Rato y reiterara que al gobierno del PP no le tiembla el pulso en la lucha contra la corrupción, comenzaron a filtrarse algunos detalles de la investigación que pueden complicar la ya enredada existencia política de Rajoy.

Para empezar, se activaron unos resortes policiales y judiciales absolutamente inusuales en este tipo de casos que sumergieron el proceso en una niebla de confusión, incluso para la élite de funcionarios que hoy persiguen los delitos económicos en España. El gobierno no informó a la Fiscalía Anticorrupción, como siempre se hace ante este tipo de fechorías, con el objetivo de cargar la investigación a la Fiscalía provincial de Madrid, muy benévola con el PP, evitando así que la causa terminara en la Audiencia Nacional. El estupor ante este extraño comportamiento del Ejecutivo español se transformó en sospechas y finalmente en indignación. Sobre todo porque no es la primera vez que ocurren episodios indescifrables con investigaciones que afectan a altos cargos del PP. Hace unos meses fueron borrados misteriosamente los discos duros incautados en la sede del partido cuyo contenido podía resultar vital para imputar a políticos corruptos en las causas que hay abiertas en los tribunales.

Pero el “Caso Rato” ha colmado la paciencia del fiscal Anticorrupción y el Crimen Organizado, Antonio Salinas, cuya sonora protesta hizo temblar hasta las columnas del Ministerio Público. Finalmente, rectificaron y el proceso terminará en la Audiencia Nacional.  

La primera medida impuesta por el gobierno ha sido establecer un apagón informativo para mitigar el incendio provocado por la conducta vergonzante que se atribuye a Rodrigo Rato, si eso es posible hacerlo cuando se trata de un hombre clave en la crisis financiera que vive España. Su actividad privada que ahora empieza a conocerse sería material inflamable para una novela si no fuera porque miles de personas esperan a que se haga justicia por una estafa sideral en la que está imputado. Pese a que el exdirector del FMI se ha defendido al asegurar en público que no tiene “sociedades en paraísos fiscales ni tampoco fuera de la UE” los primeros indicios de la investigación indican que no es cierto.

Según se supo ayer, Rato movió fondos al extranjero después de que Bankia, la entidad bancaria que hundió en los 2 años que ocupó su presidencia, le reclamara los 133 millones de euros que depositó como fianza tras ser detenido por el uso de unas tarjetas de crédito no declaradas al fisco. Unos fondos secretos que, al parecer, estaban reservados para pagar otras posibles condenas.

El gobierno, como ha hecho en ocasiones anteriores, ha abandonado a su suerte a su viejo camarada mientras trata de mostrar su mejor perfil. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, excolaborador personal de Rodrigo Rato en los años que ocupó la vicepresidencia con José María Aznar, contribuyó a caldear el ambiente político al anunciar la existencia de una lista con 700 sospechosos de blanquear dinero en paraísos fiscales pero sin citar ni un solo nombre. Si esta era la carta con la que pretendía descolocar a sus rivales, el ministro midió mal la jugada. La oposición en bloque se lanzó a su yugular al exigirle transparencia en los datos y, sobre todo, la cuantía del fraude. “¿Hay funcionarios públicos?”, le inquirió el PSOE. “Aún no se sabe”, respondió Montoro. A su lado, el ministro de Justicia le echó una mano al explicar que se tratan de personas, como Rato, consideradas “políticamente expuestas”. Ahí se detuvo pese a que los mayores operativos contra la corrupción solo salpican al PP. Falta un mes para las elecciones y las tinieblas para el gobierno no se disipan. (I)