La huelga general contra el plan fiscal cumplió un mes de protestas en Costa Rica, lucha trasladada ahora al Poder Judicial, del que los sindicatos esperan rechacen su aprobación en primer debate por la Asamblea Legislativa.

El 10 de septiembre último muchos pensaron que los afiliados a la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN) -coalición de agrupaciones obreras y sociales- no tendrían la suficiente gasolina para mantener las manifestaciones mucho más allá de una semana y cuando más dos.

Sin embargo el movimiento de huelga cumplió un mes y, aunque algunos sindicatos firmaron el fin de la protesta, se mantiene vivo en todo el país, como lo demostraron el lunes pasado con la masiva concentración en la Plaza de la Justicia, frente a la sede de la Corte Suprema y las acciones en las diferentes regiones del país.

También, a pesar de que los diputados sancionaron el viernes pasado por 35 votos a favor y 22 en contra el polémico proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -plan o reforma fiscal-, denominado combo fiscal por sus opositores, en una demostración más de la polarización en Costa Rica por la creación de impuestos para reducir el déficit fiscal.

Aprobada en el primero de los dos debates necesarios, el proyecto irá a revisión de diversas instituciones, incluida la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle trámite al segundo debate.

Esas instituciones tienen ocho días para responder a la consulta y se espera que la Corte Suprema de Justicia mantenga su criterio. De ser así, entonces los magistrados de la Sala IV podrían declarar inconstitucional el proyecto legal y ordenar su archivo.

La férrea oposición al combo fiscal radica en que para los huelguistas los nuevos impuestos afectarán a la clase trabajadora y a los sectores más pobres del país, mientras favorece a los más poderosos y ricos.

Según el gobierno de Carlos Alvarado, la reforma recaudará recursos equivalentes a cerca del 1,2% del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas y paliar el déficit proyectado de 7,1%  del PIB para 2018.

El plan convierte el impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, productos que antes estaban exentos. También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales (incentivos).

El Gobierno asegura que el 80% de la recaudación del plan fiscal recaerá sobre el 20% de la población de mayores ingresos. (I)