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La iniciativa sería debatida el próximo 17 de agosto

Rajoy comienza ofensiva contra presidente catalán

El presidente de Cataluña, Artur Mas, durante una sesión del Parlamento catalán en Barcelona. Foto: AFP
El presidente de Cataluña, Artur Mas, durante una sesión del Parlamento catalán en Barcelona. Foto: AFP
05 de septiembre de 2015 - 00:00 - Gorka Castillo. Corresponsal en Madrid

En un intento de bloquear cualquier movimiento de Cataluña hacia la independencia de España, el gobierno de Mariano Rajoy anunció el martes que inició los trámites de la reforma del Tribunal Constitucional por la vía de urgencia. La iniciativa consiste en facultar al máximo órgano interpretativo de la Carta Magna a sancionar, incluso, suspender de sus cargos a los funcionarios públicos que incumplan las resoluciones. Los plazos fijados por el Partido Político (PP) para aprobar la modificación comenzarían el próximo 17 y concluirían el 29, dos días después de las elecciones plebiscitarias que se celebrarán en Cataluña. De salir adelante esta sorpresiva reforma planteada por la derecha, el actual presidente catalán, Artur Mas, podría ser apartado del cargo sin necesidad de activar medidas excepcionales y terminar en prisión.

La iniciativa que el PP quisiera ver votada y ratificada por el Congreso dentro de esos plazos incluye el apoyo sin ambages de aquellos partidos con los que mantiene relaciones institucionales al máximo nivel.

Es decir, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de los nacionalistas vascos, del bloque catalanista escindido de la Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de Mas y de algún recalcitrante centralista del grupo mixto que cuenta las horas que quedan a una legislatura en estado terminal.

El PP, por boca de su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, uno de los más ardientes adalides de terminar como sea con las disputas sobre la unidad territorial que plantean algunas comunidades en España, argumentó que la reforma “trata de garantizar que se cumpla la ley y darle herramientas al Constitucional que en el pasado no eran necesarias, pero que ahora ante el desafío de los independentistas son imprescindibles”.

La reacción mayoritaria ante esta inesperada maniobra del Gobierno ha sido el rechazo. La primera baja llegó de uno de los constitucionalistas más venerados del país y miembro durante 12 años del tribunal que la derecha ahora intenta reformar, Francisco Rubio Llorente, que considera que la corrección de funciones, además de “cuestionable para frenar el independentismo catalán”, echaría sobre el tribunal una carga política que podría terminar por aplastarlo.

“Es un día de luto”, concluyó el profesor en una entrevista exclusiva al portal CTXT.  

Mientras que, el PSOE no solo expresó innumerables objeciones a una reforma incierta, sino que indicó que puede hacer pedazos la organización del sistema democrático español, además de atraer hacia un independentismo convertido en víctima a buena parte de la sociedad que lo rechaza.

A primeras horas de ayer, los socialistas consensuaron con el resto de partidos con representación parlamentaria un recurso contra los cambios en la ley del Tribunal Constitucional propuestos por el PP que, aunque cargada de simbolismo y referencias gramaticales a la unilateralidad de la polémica actuación, solo servirán para retrasar unos días la tramitación de la ley ya en marcha.

En una jocosa vuelta de tuerca, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, aclaró en los pasillos del Congreso ante los periodistas que los cambios propuestos por su partido están redactados, en realidad, “contra el señor Mas y el señor Menos que decida saltarse una sentencia”.

Tras estas declaraciones, el Ejecutivo de Cataluña emitió una nota para mostrar su “perplejidad” por esta ofensiva del PP e indicó que, de seguir adelante, debería aplicarse también contra 3 ministros de Rajoy que aún permanecen en sus puestos: “El de Sanidad, con cuatro sentencias incumplidas; la de Medio Ambiente, con dos fallos en su contra pendientes de resolución; y la de Trabajo, con otros dos”. Ejemplos que para candidato del PP en las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol, no son comparables. “La broma en Cataluña se ha terminado”, dijo ayer el controvertido político derechista que ha prometido retirar la tarjeta sanitaria a los migrantes si llega al poder y con “limpiar” las calles de ciudadanos de origen rumano que solo traen inseguridad. (I)

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