El PSOE sufre presiones para que renuncie a formar el gobierno

La presión para que el líder socialista Pedro Sánchez renuncie a intentar de formar un gobierno progresista en España comienza a adquirir tintes de tragedia griega. A pocas horas de la celebración de un comité federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que se antoja clave para el devenir político del partido, Sánchez no solo sufre las embestidas diarias de lobbies financieros, sino también las de antiguos dirigentes socialistas, como Felipe González.  

En una extensa entrevista publicada ayer por el diario El País, el expresidente cargó contra el secretario general del PSOE por no descartar un pacto con Podemos a quien González califica de “liquidacionista” del actual modelo constitucional español, “arrogante” en las formas y con posiciones políticas “similares a las que han practicado en Venezuela sus aliados”. Para González, que hace 19 años abandonó la política activa para incorporarse al equipo asesor del multimillonario mexicano Carlos Slim y al consejo de administración de una multinacional energética española que luego dejó, pactar con la formación de Pablo Iglesias sería el desastre para su partido ya que Podemos “son puro leninismo 3.0”. En su opinión, lo más lógico sería no obstaculizar la labor de Mariano Rajoy para llegar a La Moncloa.

Las declaraciones de Felipe González suelen producir un profundo impacto en la dirección del PSOE, aunque en esta ocasión no parecen haber tenido el efecto deseado. Al menos, no para el equipo de Pedro Sánchez. El portavoz de los socialistas, César Luena, reiteró ayer que los socialistas no permitirán un gobierno conservador “porque hacerlo sería como indultar al PP por la corrupción practicada”.

Pese a esta declaración, el Comité Federal del PSOE, el parlamento interno que dirige la política del partido, tomará una decisión definitiva este sábado sobre el camino de pactos para esta legislatura. Es tan importante esta reunión que el rey de España decidió posponer al martes el encuentro oficial que tenía previsto hoy con Pedro Sánchez. La lucha en el seno del PSOE es encarnizada. Los denominados “barones”, los líderes territoriales del partido, llegan al Comité Federal divididos de manera casi irreconciliable. Por un lado, los seguidores de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, apuestan por el camino apuntado por Felipe González de cerrar la vía exploratoria con Podemos. En el otro flanco están Pedro Sánchez y algunos líderes territoriales, como los de Cataluña y Euskadi, que abogan por intentar crear un acuerdo de izquierda para mandar al PP a la oposición.

Según confirmó este diario, Sánchez intentará convencer al máximo número posible de dirigentes de que el pacto con Podemos no solo es beneficioso para su partido, sino imprescindible. El motivo principal es que son conscientes que de celebrarse hoy unas nuevas elecciones en España, el PSOE lograría unos resultados pésimos, aún peores que los 90 diputados que obtuvo el pasado 20 de diciembre. En contra de la visión manifestada por Felipe González, Pedro Sánchez considera que el verdadero riesgo de los socialistas no es pactar con Podemos, sino renunciar a gobernar y arriesgarse a perder la última oportunidad de acceder al Ejecutivo en muchos años. A su favor tiene una amplia base de la militancia, partidaria de llegar a un acuerdo con Podemos.

Los grandes círculos de poder empresarial y financiero decidieron aportar con un granito de arena a favor de una gran coalición entre el PP, el PSOE y Ciudadanos para neutralizar a los partidos progresistas. Su estrategia es difundir pronósticos aterradores para la economía nacional en el caso de que gobierne la izquierda. El desempleo se dispararía, la competitividad caería y las empresas huirían a otro país con mejores perspectivas de negocio. “Sería un desastre y el fin de la mejora apuntada en los últimos meses”, declaró el ministro de Economía español, Luis de Guindos, en la intervención del pasado fin de semana en el Foro Económico Mundial celebrado en la ciudad suiza de Davos. (I)

La hermana de Felipe VI  será juzgada

Jarro de agua fría para la infanta Cristina de Borbón. Las tres magistradas del tribunal que juzga su implicación en el ‘Caso Nóos’, una trama de corrupción política ocurrida en las Islas Baleares durante los años previos al inicio de la crisis económica, fallaron ayer que la hija menor de Juan Carlos I pudo cometer dos delitos fiscales como copropietaria de la empresa que su marido, Iñaki Urdangarin, utilizó de tapadera para defraudar casi 350.000 euros a la Hacienda Pública entre 2006 y 2009. Esta decisión implica que la hermana del rey de España Felipe VI deberá seguir el juicio desde el banquillo de los acusados con otros 18 implicados, entre ellos su esposo y Jaume Matas, exministro de José María Aznar y máxima autoridad del PP balear durante los años del boom inmobiliario.

El veredicto removió los cimientos de la casa real española, donde se esperaba que Cristina de Borbón fuera excluida del proceso por la aplicación de la ‘doctrina Emilio Botín’, una polémica sentencia del Tribunal Supremo que en 2007 evitó el procesamiento del banquero más importante de España, ya fallecido, por abrir unas cuentas ilegales en Suiza.

Sin embargo, aquel precedente no ha servido de nada a la infanta pese a que la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y, por supuesto, su poderoso equipo de abogados presentaron de forma conjunta una defensa numantina del ‘proceso Botín’ para eximirla de tan desagradable trago. La diferencia entre ambos casos, según se desprende del auto de 85 páginas cargadas de referencias técnicas firmado por las tres magistradas, es que el perjudicado por la actuación de la exduquesa de Palma no es un ciudadano concreto, ni siquiera un ente público como Hacienda como sucedió con el propietario del Banco de Santander, sino “el conjunto de los españoles” que con sus impuestos contribuyen a las arcas del Estado. La reacción de los letrados de la infanta fue acusar al tribunal de “no aplicar la ley” por lo que notificaron que en los próximos días formalizarán “una protesta”. La casa real se limitó a emitir un escueto comunicado donde muestra su respeto por la decisión del tribunal.

El fallo, para el que no se admite recurso alguno, elimina el último obstáculo que había para comenzar la primera fase del juicio por el ‘Caso Nóos’. A partir del 9 de febrero, Cristina de Borbón se sentará, con el resto de imputados, a la espera de ser sometida al correspondiente interrogatorio. Si no hay retrasos en el proceso, la última sesión del juicio está fijada para el próximo 30 de junio. Después llegará la sentencia. La acusación pide para la hermana del rey una pena de 8 años de cárcel. (I)