No se salva. Alan García (foto), expresidente de Perú por dos ocasiones, está en el ojo de la tormenta. Hace unos días, Katherine Ampuero, procuradora ad hoc del caso Lava Jato en este país, decidió dar paso a una demanda por supuesta comisión del delito contra la administración pública en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

La denuncia, de acuerdo con Ampuero, está sustentada en una serie de evidencias y testimonios y alcanza, además, a Enrique Cornejo, exministro de Transportes en el segundo gobierno de García, y a Oswaldo Plascencia, quien se desempeñó como director ejecutivo de la Empresa Tren Eléctrico.

A finales del mes pasado, cuando había rumores sobre la supuesta “propina” que García habría recibido de Odebrecht por la adjudicación de la construcción del Metro, la procuradora general del Estado, Julia Príncipe, declaró que no existen delaciones (declaraciones de los miembros de Odebrecht) que apunten al principal del partido aprista.

Después, y gracias a la investigación periodística, se determinó la cercanía de Príncipe con un exasesor de Alan García.

Esas declaraciones han sustentado la posición de García, una vez hecha pública la denuncia en su contra. “Es una acusación que se basa en rumores y especulaciones (…) hace días, Julia Príncipe, la superior en grado jerárquico de la Procuraduría, declaró que no hay pruebas en mi contra”, sostuvo, en un comunicado difundido en redes sociales y enviado desde España, donde García permanece, a buen recaudo, desde que se desatara el caso Odebrecht en Perú.

La Línea 1 del Tren Eléctrico es una obra ejecutada en el segundo gobierno de García, entre 2006 y 2011, por la constructora brasileña Odebrecht. Su contratación no ha dejado de ser cuestionada pues respondió a un decreto directo dictado por el presidente y secundado por el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda.

Los documentos de la obra, de acuerdo con los análisis jurídicos, habrían evadido varias instancias legales, en su afán por acelerar su adjudicación y construcción. Odebrecht habría pagado al menos $ 8 millones en coimas para la adjudicación de la obra. (I)