Presidente de Guatemala quiere evitar la detención

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, permanecerá al frente del Gobierno, a menos que se le dicte prisión preventiva en un eventual proceso judicial que se siga en su contra, aunque su abogado dijo que el mandatario se pondrá a disposición de la justicia con el afán de evitar una orden de captura.

Luego de que el Congreso retiró el miércoles la inmunidad de funcionario a Pérez Molina, la máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio luz verde ayer a una investigación penal contra el presidente al rechazar dos recursos de amparo de su defensa contra la acusación.

Con la decisión de la CC, que está por encima de la Corte Suprema de Justicia, se despeja el camino para investigar penalmente al gobernante, quien tiene la prohibición de salir del país.

El mandatario guatemalteco fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, ente adscrito a la ONU) de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea, que ha sumido al país en una crisis política sin precedentes en la historia reciente.

La fiscal general, Thelma Aldana, dijo a un canal de televisión local que solicitaron el arraigo de Pérez debido a que “siempre existe el riesgo y posibilidad de que pueda abandonar el país”.

Asimismo, Aldana comentó que es una decisión del presidente si renuncia o no al cargo, pero eso no afecta el proceso judicial porque “en este momento ya es un ciudadano común para el sistema de justicia, sin importar que siga en el ejercicio de la presidencia”.

El caso por defraudación aduanera es controlado por el juez Gálvez, quien dirige el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, quien el pasado 26 de agosto ordenó que la exvicepresidenta del país, Roxana Baldetti, sea juzgada en prisión preventiva.

La Fiscalía

El abogado César Calderón, defensor del mandatario, mencionó que la primera acción que dirigirá será entregar un informe al juzgado, en el cual se señala que Pérez Molina se pone a disposición de la justicia, con el objetivo de evitar que se ordene su aprehensión.

“Estamos conscientes de que el hecho de ofrecer que el presidente se pone a disposición de la justicia no anula la posibilidad de que se gire su captura, porque lo que se quiere es hacer un espectáculo de este caso”, dijo Calderón.

Calderón no descartó que luego de una audiencia de indagatoria, Pérez Molina pueda ser beneficiado con el archivo del expediente por falta de mérito a los cargos que se hacen en su contra, y quedar en libertad.

El abogado penalista David Pineda, al referirse al caso, consideró que “será decisión de la Fiscalía si lo va a capturar o lo cita para una audiencia de primera declaración. Son los dos únicos caminos que tiene”, aseguró a Prensa Libre.

El jurista mencionó que “si él (gobernante) fuera citado a primera declaración y en esa diligencia le dictaran auto de procesamiento, pero no auto de prisión preventiva, puede seguir ejerciendo su cargo. Pero si le dictan auto de prisión preventiva, tiene que dejar el ejercicio de su función de forma inmediata. La Ley de Antejuicio así lo establece”.

En tanto el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos aseguró que el mandatario es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ante un juez. “Los que lo acusen deben probar, sin lugar a dudas, la culpabilidad de esa persona, debido a que es una garantía constitucional de toda persona”, expresó.

El entrevistado consideró que existe la posibilidad de que Pérez Molina deje el cargo luego de que se ordene auto de procesamiento en su contra.

“Al ser ligado a la causa, deberá dejar el cargo de presidente de la República, porque él ya no podrá atender sus funciones como corresponden, por estar pendiente de su proceso judicial”, dijo. (I)

Datos

El caso “La Línea” involucra al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, de codirigir una red dedicada al desvío de millones de dólares en Guatemala.

Según la acusación de la fiscalía, tras un año de investigaciones, se estableció que la exvicepresidenta recibió el 50% de los sobornos que supuestamente recibía la estructura “La Línea”, una red de funcionarios y particulares que ayudaba a empresarios a evadir impuestos.

La comisión investigadora, un ente de Naciones Unidas para desarticular cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el Estado, ha presentado hasta el momento 88.000 escuchas telefónicas en las que varios miembros de la red mencionan a una mujer como “la 2”, “la señora”, y que según las autoridades se trata de Baldetti y a Pérez, como “el 1”.