Presidente de Cataluña anuncia referéndum para el 1 de octubre
5,5 millones de catalanes conforman el censo actual
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anuncia que el referéndum sobre la independencia se celebrará el 1 de octubre.
AFP
Gorka Castillo
Corresponsal en Madrid
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer que la pregunta del referéndum independentista no generará equívocos en los ciudadanos. “Será: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, dijo con una solemnidad de Estado antes de revelar que se celebrará el 1 de octubre. Para el gobierno de Mariano Rajoy, obviamente, esta declaración consuma el desafío para España. A partir de ahora, cualquier cosa puede pasar. Desde la activación del artículo 155 de la Constitución que contempla la suspensión de todas las competencias autonómicas hasta la transigencia por parte del Estado para una consulta simbólica que no sirva de nada.
Sin embargo, Puigdemont, acompañado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y del resto del Ejecutivo catalán, aseguró en el Pati dels Tarongers de la Generalitat que el referéndum será “vinculante y con todas las garantías democráticas” y que para ello están convocados los 5,5 millones de catalanes que conforman el censo actual. “Se trata de ejercer el legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña”, añadió. El presidente también precisó que habrá papeletas en catalán, castellano y aranés, las tres lenguas oficiales de la comunidad y aseguró que su ejecutivo “se compromete a aplicar” de inmediato el resultado que arrojen las urnas.
El esperado anuncio del plebiscito independentista de Cataluña, sin embargo, dejó algunos detalles de la habilidad jurídica con la que ha maniobrado el bloque político secesionista, integrado por el conservador Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), la socialdemócrata Esquerra Republicana y la izquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP). La más destacada, sin duda, es que la comunicación oficial del referéndum no está acompañada en esta ocasión de ninguna firma ni documento formal por lo que, en términos legales, no existe un anuncio reglamentario de la convocatoria que permita al ejecutivo español impugnarlo en los tribunales. No obstante, se espera que el presidente catalán estampe su firma en el decreto de convocatoria el próximo mes de septiembre.
Respecto a la táctica empleada por el gobierno catalán para impedir actuaciones judiciales, el vocero del régimen, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó ayer que irán “paso a paso” y que esperarán la evolución de los sucesos para actuar. Aunque nadie dice que el anuncio es una sorpresa, Rajoy mantiene las medidas que adoptará para impedir la consulta en el más absoluto de los misterios. En este sentido, Méndez de Vigo se limitó a afirmar ayer que el referéndum “no se celebrará” bajo ningún concepto y negó que exista alguna posibilidad de negociación para evitar una colisión de consecuencias imprevisibles. La propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a insistir que el plebiscito es “innegociable” por estar “fuera de la ley”.
Pero más que Cataluña, lo que en realidad preocupaba ayer al gobierno español era la sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal decretada en 2012 para regularizar el patrimonio oculto de 30.000 contribuyentes y que resultó ser un fiasco. El PSOE ha pedido la reprobación del ideólogo de esta medida, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, mientras que Unidos Podemos ha solicitado su inmediata dimisión.
La amnistía fiscal puesta en marcha en 2012 para evitar la intervención financiera de la Unión Europea en la deshecha economía española permitió que afloraran fortunas ocultas sin sanciones a cambio de que los defraudadores pagaran un tipo único del 10 % del valor de sus propiedades. De esta forma se supo que el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, poseía más de 200.000 euros en cuentas secretas; o que el extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas tenía 10 millones en paraísos fiscales a nombre de la empresa Tesedul. También cuatro familiares del rey de España se acogieron a una amnistía fiscal que hoy es declarada ilegal.(I)
Datos
Cataluña siguió viviendo en su particular oasis hasta el 2009, cuando la crisis económica era un huracán que amenazaba a todos los españoles. Hasta el 2006 los catalanes no pensaban en la independencia.
El año 2012 amaneció con más recortes y terminó con centenares de miles de personas manifestándose durante la Diada para reclamar que Catalunya fuera ‘un nuevo Estado de Europa’. Ese plantón finalizó su marcha ante el Parlament reclamando la independencia de sus territorios.
Las diferencias son mínimas entre los partidarios de romper con España y los proclives a mantener la vinculación con el Estado. Los últimos datos de diciembre de 2016 señalan que el ‘NO’ se impone por 46,8% a 45,3%. (I)
