PPK reformará la seguridad social en Perú
Una de las promesas que llevó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al poder está relacionada de forma directa con el bolsillo de los obreros de Perú. El Sistema de Protección Social, encargado de administrar los aportes de los trabajadores para su jubilación, invalidez, supervivencia y sepelio, representa también un espacio vital de la economía nacional al que el equipo de trabajo del nuevo mandatario le dedica especial atención.
Dividido en dos modalidades, una estatal y otra privada, el sistema administra cerca de 123.306 millones de soles ($ 37.531 millones) capital que, de acuerdo con la Ley de Banca, Seguros y AFP (Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones), se puede invertir en el sistema financiero nacional, generando movilidad económica, intereses y regalías que finalmente pasan a formar parte de la economía cotidiana local.
A inicios de este año, el Congreso emitió una normativa que permite el retiro de hasta el 95,5% del total de ahorros de todos los aportantes que cumplan los 65 años de edad. Tras varios meses de debate, opositores y auspiciantes de la reforma dejaron en claro sus argumentos. Los primeros miraron en la emisión de esta normativa una amenaza a la estabilidad económica. El retiro de dinero y gasto desordenado sería, según ellos, una puerta abierta para la disminución de liquidez en el medio. Los segundos, en cambio, ven en esta propuesta la oportunidad para que los obreros puedan acceder a sus recursos sin tener que esperar la vejez extrema o padecer necesidades.
Las pensiones jubilares en este país se cuentan entre las más bajas de Latinoamérica. En un rango general éstas se ubican entre $ 50 y $ 300, dependiendo de los años de servicio, el tipo de aporte y si el administrador del fondo fue privado o estatal.
Para Kuczynski la naturaleza de esta parte de la economía es tan delicada que no se puede permitir que los fondos sigan saliendo de forma desmesurada. Desde enero 300 millones de soles ($ 91 millones) se retiraron del Sistema de Seguridad Social. PPK ha propuesto, en ese marco, que una vez iniciada su administración planteará, junto a su equipo económico, una reforma integral al sistema.
Se busca, de acuerdo con algunos asesores del presidente electo que han defendido sus declaraciones, incrementar la oferta de agentes administradores de los fondos, es decir, abrir el camino para que no solo las AFP sean las que reciban los montos en el sector privado. A partir de ello, se cree, el mercado de los aportes crecerá, logrando que aumente la base de contribuyentes nacionales.
De los 19 millones de trabajadores que tiene este país, apenas 5 millones se aportan actualmente al sistema de pensiones. Esto ocurre debido a la alta informalidad que existe en el sistema de empleo de Perú y por los pobres beneficios que las AFP entregan a los jubilados.
Para Kuczynski la situación, en estos términos, está clara. Una Ley “dañina”, como la ha nominado, no puede seguir permitiendo la salida indiscriminada de fondos de propiedad de los trabajadores. Eso, sin embargo, deberá ser discutido de forma ampliada con el Congreso. (I)
Contralor alerta sobre patrulleros comprados a Corea
La Contraloría General de Perú alertó sobre deficiencias técnicas en los vehículos policiales comprados por el ministerio del Interior al gobierno de Corea del Sur, avaluados en $ 82 millones, porque no reúnen las condiciones para la geografía peruana y presentan defectos en el blindaje.
A fines del año pasado, el Ministerio del Interior compró 2.108 camionetas -de las cuales ya arribaron 200 al país- de marca SsangYong, modelo Rexton 3.2, que servirán como patrulleros para la policía, adquiridas a través de un convenio entre Perú, la Agencia de Inversión y Comercio de Corea del Sur (Kotra) y Daewoo International Corporation.
El contralor Édgar Alarcón indicó que estas camionetas no son ideales para las carreteras accidentadas en donde circularán, lo que ocasionaría un perjuicio millonario al Estado.
La agreste geografía de los Andes peruanos somete a duras condiciones a los vehículos de transporte.
Una de las observaciones de la Contraloría es que los carros no son propiamente patrulleros, sino vehículos ensamblados con insumos de diversa procedencia y los comparó con una compra similar hecha por el gobierno de Chile, que adquirió 30 todo terreno Dodge Charger Police Interceptor, fabricados especialmente para la labor policial en terrenos agrestes.
Alarcón explicó además que la protección de las unidades no es completa. Indicó que los patrulleros tienen el material a prueba de balas en las puertas delanteras, chofer y copiloto, pero no es blindaje de fábrica. Simplemente se han adaptado e improvisado unas láminas de kevlar, que se usan en los chalecos antibalas, pegadas a las puertas. (I)
