Policías de Tamaulipas, en complicidad con Los Zetas

Es la entidad con mayor número de secuestros y la quinta en México con más homicidios dolosos en este  2014. El estado de Tamaulipas encabeza el ranking de las policías peor pagadas del país, razón por la que los ciudadanos mexicanos no se asombraron al conocer este lunes que 17 policías, supuestamente, involucrados con el cartel Los Zetas fueron arrestados por la masacre de 72 inmigrantes perpetrada en agosto de 2010.

La mayoría de los policías detenidos negó que haya cooperado en los hechos, pero uno de ellos reconoció “la participación” de directivos de Seguridad Pública y de Tránsito, al asegurar que elementos de esas corporaciones “ayudan a la organización Los Zetas”, entregándoles a las personas que arrestan en vez de llevarlas a la cárcel.

La muerte de los 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica, cuyos cadáveres con huellas de tortura aparecieron el 23 de agosto de 2010, en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, causó indignación en México y la comunidad internacional.

Las autoridades sostuvieron que los inmigrantes fueron secuestrados por Los Zetas y que sus familiares no pagaron el rescate. Posteriormente, los narcotraficantes les habrían exigido sumarse a su cartel y ante el rechazo fueron asesinados.

En mayo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que el caso sería reabierto, a fin de revisar el documento íntegro y si “hace falta alguna diligencia que desahogar en la materia, se localizará a los familiares de las víctimas”, refirió en su momento el organismo.

El informe de la PGR, divulgado el lunes, fue entregado el pasado 10 de diciembre al Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras una solicitud realizada a través del mexicano Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI).

Según el portal Noticiasmvs, hay por lo menos 8 testimonios de presuntos integrantes de Los Zetas que describen la complicidad de los policías municipales en uno de los mayores crímenes colectivos cometidos por esa organización criminal. “En base a las declaraciones de los inculpados, quienes refieren participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”, señala textual la tarjeta informativa de Álvaro Alba Terrazas, alias ‘El Junior’.

Por su parte, la web Animal Político publicó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, informó que el 100% de la policía preventiva tamaulipeca tiene un salario no superior a los 10 mil pesos ($ 679,75). Aunque es el segundo estado mexicano con el porcentaje más alto de uniformados (15,4%), tiene una nómina incluso por debajo de los 5 mil pesos al mes ($ 339,88), para algunos los sueldos bajos es uno de los motivos por los que la policía acepta sobornos.

En un primer momento, las autoridades reconocen que no hay imputaciones particulares contra los elementos de la policía municipal, pero se insiste en que hay testimonios de la colusión entre ambas partes, por lo que el Ministerio Público Federal encargado del caso giró órdenes de presentación y localización contra 17 policías municipales, que fue cumplimentada por la Policía Federal el 3 de abril de  2011.

Al comparecer ante el Ministerio Público Federal, la mayoría de los agentes negó las imputaciones.

Este documento se publica en momentos que México está conmocionado por la desaparición y presumible asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, donde fueron baleados por policías y el crimen organizado el pasado 26 de septiembre.

La investigación de la Procuraduría -basada en declaraciones de pistoleros detenidos- apunta a que los policías entregaron a los jóvenes a sicarios del cartel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado. Hasta el momento solo se han identificado los restos de uno de los estudiantes.

La tragedia ha detonado la peor crisis de la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder en diciembre de 2012 y ha puesto en evidencia la profunda infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad mexicanas.