Policía brasileña allana la casa de Lula y lo lleva a declarar

Brasil se enfrenta a un terremoto político con la operación contra el expresidente Luiz Lula da Silva, quien fue llevado a la fuerza a declarar por la policía federal de su domicilio de Sao Bernardo do Campo, en el Gran Sao Paulo, a pedido del juez Sergio Moro, quien hace 2 años investiga las conexiones de lavado de dinero entre empresas constructoras y la empresa estatal Petrobras. Desde la izquierda se califica como "golpe" a este accionar de la justicia y la Policía Federal.

Con Lula fueron llevados a declarar al aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo sus 3 hijos, esposa y algunos colaboradores, además de dirigentes del Instituto Lula. Militantes de izquierda se manifestaron en la puerta de la casa de Lula para protestar contra "un golpe de Estado" y la persecución política, como dijo el diputado Luis Zarattini

Agentes policiales también fueron desplegados en la sede del Instituto Lula, en el barrio de Ipiranga, zona sur de Sao Paulo, y en empresas alcanzadas por el operativo Lava Jato.

Órdenes judiciales son cumplidas en las localidades de Atibaia y Guarujá, donde se localizan inmuebles frecuentados por Lula, que el expresidente ha negado reiteradamente que sean de su propiedad. Estas propiedades recibieron reformas de las empresas Odebrecht y OAS, involucradas en el caso de sobornos y lavado de dinero de Petrobras.

La detención ocurre 6 días despúes de que Lula declarara su intención de ser candidato a presidente en 2018. En el Congreso del PT, Lula aifrmó que el partido político opositor de Brasil se llamaba "TV Globo", que lanzó esta semana una campañamediática inédita sobre la imagen del ex mandatario.

La operación fue bautizada “Aletheia”, en referencia a la expresión griega que significa en “búsqueda de la verdad”.

En total, unos 200 agentes federales y 30 auditores fiscales cumlen 44 órdenes judiciales, que incluyen incautaciones y obligación para declarar en Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahia.

La presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), se encuentra así fragilizada a raíz de la caída de su mentor político y líder popular más importante de la historia del país, Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

Rousseff debe enfrentar un proceso de juicio político en el Congreso pedido por el jefe de Diputados, el opositor Eduardo Cunha, quien el jueves fue procesado por la suprema corte por haber recibido $ 5 millones de sobornos por parte de corruptos de Petrobras.

"La operación es ilegal y política porque Lula no es dueño de las propiedades que se investiga", dijo Paulo Rocha, líder del PT en el Senado. "Quieren criminalizar al PT", sostuvo. (I)