Perú crea un registro para más de 270 mil denuncias de esterilización

A finales del año 2015, la campaña ‘Contra su voluntad: un registro único, miles de historias’, impulsada por Amnistía Internacional (AI) del Perú, logró su cometido: oficializar la creación de un padrón único para el registro de víctimas de esterilización forzada, entre 1995 y 2001, aplicada como parte de la política de control de natalidad en el gobierno de Alberto Fujimori.

La identificación de las afectadas, su protección física, acompañamiento psicológico y respaldo judicial son algunos de los objetivos principales que persigue la puesta en marcha de este registro.

A pesar de que la ligadura de trompas realizada sin consentimiento de mujeres, la mayoría pertenecía a la sierra peruana, es uno de los hechos que mayor crítica ha tenido de la sociedad civil, las instituciones encargadas de esclarecer hechos y responsabilidades no han logrado un trabajo efectivo.

Hasta ahora no existe un número concreto de las mujeres afectadas por este tratamiento. Las estimaciones, de acuerdo a testimonios recabados en estos años, ubican una cifra posible de 270.000 afectadas, un número que bien podría aumentar una vez completado el registro.

Para Marina Navarro, presidenta de AI, en Perú este caso es el mayor ejemplo de la burla a los derechos humanos. La inacción frente al tema la llevó el pasado julio a recoger firmas a través de internet y de forma física, así como el detalle de testimonios que revelaran la magnitud del problema.

Presentada la solicitud, el ejecutivo, encabezado por Ollanta Humala, dio luz verde para crear la normativa legal que permite la circulación de una ficha única de registro, con la que las personas que se sientan afectadas podrán iniciar el trámite de inscripción en el padrón.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de llevar adelante esta iniciativa, difundirá los pasos que necesita completar una persona para ser considerada en este registro.

Una declaración juramentada de que fue víctima de esterilización sin su consentimiento deberá ser acompañada por un examen médico oficial que dé cuenta de su ligadura. Solo entonces un defensor público de víctimas podrá recibir la información, verificarla y dar paso a la inscripción.

Desde 2001 se comprobaron que 2.000 mujeres fueron sometidas a esta práctica. A pesar de ello, el Ministerio Público cerró y abrió la causa judicial, que busca calificar este delito como de lesa humanidad, varias veces en los últimos 13 años. Solo un caso fue judicializado, acudiendo a instancias internacionales.

Carlos Rivera, jurista limeño, señaló que el trato judicial que ha tenido el tema demuestra claramente que el Estado le ha dado la espalda a sus mujeres. “El Perú no logra romper la impunidad sobre este hecho y prolonga de forma constante la búsqueda de la verdad”, señaló. Por otro lado, Humala ve a esta como una medida que pagará una deuda histórica con las afectadas.

El registro, que podría abrir vías para la judicialización masiva de estos casos y el pago de reparaciones económicas, se puso en marcha en medio de un agudo momento político en el país.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Keiko Fujimori, cuyo padre purga condena por delitos de lesa humanidad, indicó que hay una clara intención de politizar este tema.

La también candidata presidencial, primera en la intención de voto, cuestionó por qué, según ella, si estaba lista la metodología de registro hace cuatro años, recién ahora, unos meses antes de las elecciones, se pone en marcha.

Navarro rechazó estas aseveraciones al indicar que AI no tiene ninguna preferencia política, y que lo que se busca con esta medida es ampliar el debate sobre uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Perú. (I)