"La justicia, oposición y medios están aliados contra Lula"

Un fiscal de Sao Paulo citó a declarar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y su esposa, Marisa Leticia Rocco, para determinar si existe vinculaciones con el supuesto lavado de dinero de una constructora que se hizo cargo de un edificio donde el matrimonio quiso mediante una cooperativa comprar un apartamento en la playa de Guarujá, del cual finalmente desistió. “Esto es el fracaso de intentar involucrar al exmandatario con denuncias livianas alimentadas por la prensa”, dijo el Instituto Lula en un comunicado.

El exgobernante, líder del Partido de los Trabajadores (PT) y que se dejó la presidencia con más del 80% de los votos, es objetivo de la oposición que busca involucrarlo en la operación Lava Jato. Las pesquisas investigan la corrupción de constructoras y funcionarios de Petrobras.

Desde el PT, el diputado Paulo Pimenta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dijo en una entrevista con EL TELÉGRAFO que existe una “alianza de oposición formada por políticos, sectores del Poder Judicial y grandes medios que conducen el proceso en forma selectiva con el objetivo de golpear” la candidatura de Lula en 2018 y a la propia presidenta Dilma Rousseff.

Pimenta calificó como una “insensatez que podría causar una crisis institucional” la posibilidad de que algún comisario o juez de primera instancia actúe en forma política y ordene la detención de Lula, hoy sin fueros.

Cómo evalúa la aparición del nombre de Lula en una de las aristas de la Operación Lava Jato, con un edificio donde iba a comprar un apartamento como eje de la atención mediática.

Entendemos que la Operación Lava Jato surgió para investigar un cartel de empresas que hace décadas actuaba para ser favorecido en licitaciones dentro de Petrobras. Este objetivo final fue abandonado. Sectores del Poder Judicial transformaron la investigación en un asunto político, constituyeron una alianza con la oposición y tuvieron la protección de los grandes medios, que conducen de manera selectiva el caso con el objetivo de golpear a Dilma y a Lula.

¿Cuál es el motivo principal? ¿Desgastar a Lula para las elecciones de 2018?

El año pasado no tuvo éxito el juicio político contra la presidenta Dilma. Y entonces, estos sectores de poder opositor, percibieron que el capital político está vinculado a Lula. Y ante la expectativa de su regreso en 2018, toda esta estructura desarrolló una búsqueda implacable contra el expresidente Lula. Algo que no se veía desde la época de Getulio Vargas. (NdR: Vargas se suicidó siendo presidente en 1954 acorralado por una conspiración golpista que finalmente triunfó diez años más tarde al sacar al laborismo electo democráticamente).

La semana pasada el propio Lula afirmó que el PT cometió errores y que debía asumirlos. El partido entró en el sistema de  financiación ilegal de las campañas electorales. ¿Cómo se explica esto siendo un partido que históricamente buscó cambiar la práctica política tradicional?        

El PT surge para construir un proyecto político diferente al de las clases dominantes. La legislación electoral es perversa, obliga a la llamada gobernabilidad. Los presidentes son electos con minoría parlamentaria y son obligados a hacer alianzas con partidos que frontalmente se oponen a varias tesis del gobierno. Y frente a esta situación, el PT acabó asumiendo prácticas de financiamiento en función de estas alianzas, que son las mismas que el resto de los partidos tuvieron históricamente. Y eso fue el error que el PT cometió. Y esto no justifica la selectividad de la conducción de este proceso que apenas imputa al Partido de los Trabajadores.

El extesorero del PT, Joao Vaccari Neto, fue condenado en primera instancia por corrupción, por supuestamente usar parte del soborno que las empresas pagaban en Petrobras para la caja electoral del partido...

Las mismas empresas que contribuyeron para el PT lo hicieron para el candidato opositor, Aecio Neves. Pero en forma increíble se ha resuelto que para el PT hubo irregularidades en el gobierno federal y en otros, campañas para alcaldes y gobernadores, no hubo nada. Por eso rechazamos la manera como está siendo conducido el juicio.

La Policía Federal depende del gobierno federal, del Ministerio de Justicia. ¿Cómo se evalúa esto al interior del gobierno, teniendo en cuenta que hubo comisarios que participan de la operación Lava Jato haciendo campaña en Facebook en contra de Dilma en las elecciones de 2014?

Es inconcebible, incluso, que existan fiscales participando de manifestaciones opositoras. Desde mi punto de vista y del PT esto fue mucho más allá de lo permitido por la Constitución. Criticamos eso y la pérdida del respeto a la jerarquía es algo grave. Hay divulgación selectiva en ‘off the record’ sobre la investigación que recibe la protección de sectores del Poder Judicial y de los grandes medios de comunicación.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) impulsó el fin del registro electoral del PT. La opinión pública, en general las clases medias urbanas, comparte esta lógica. ¿Cómo analiza la posibilidad de la extinción jurídica del PT por corrupción como se alienta desde la oposición?

Se busca estigmatizar al PT, pero sobre todo por lo que hicimos  correcto en 12 años de gobierno. Esto que ocurre es una rebelión hacia los cambios estructurales que permitieron que la sociedad tenga sujetos de derechos en el nuevo país surgido con Lula y Dilma.

Hay una restauración conservadora que quiere deconstruir la legitimidad de los líderes de este movimiento de cambio. Tenemos la decisión de resistir el golpe, ya sea por la vida parlamentaria o judicial.

El gobierno brasileño y el propio Fondo Monetario Internacional atribuyeron a la operación Lava Jato (con una decena de ejecutivos de constructoras presos) parte de la caída en recesión de Brasil.

Hay una diferencia entre personas físicas y jurídicas. Queremos que se preserven las empresas sancionando a los responsables de corrupción. Pero hay resistencias en sectores de la fiscalía y de los tribunales de cuentas. El interés económico claro es que buscan reducir derechos sociales y abrir al capital internacional el área de infraestructura.

Vayamos a la hipótesis que se alienta desde la oposición. Una de ellas sería ver a Lula arrestado.

Lula puede ser investigado en todas las instancias, no tiene fueros. Podrían cometer una insensatez. Sería una lógica perversa. Un gesto como este representaría una insensatez y llevaría al país a una crisis institucional. No hay elementos para justificar algo semejante, surgen acusaciones interesadas, frágiles. Y si lo comparamos con Aecio Neves o con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, con certeza tenemos condiciones de comprobar que Lula tiene una vida muy franciscana comparada con la de otros mandatarios. (I)