Otros 4 funcionarios procesados por fuga de El Chapo Guzmán
Un juez federal inició un proceso penal contra otros cuatro funcionarios por contribuir a que se fugara de prisión el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, con lo que suman siete servidores públicos ligados al caso.
El Consejo de la Judicatura Federal informó en un comunicado que, de los nuevos procesados, dos pertenecen a la agencia de inteligencia y los otros dos al Centro de Control de Monitoreo de la prisión de máxima seguridad de la que Guzmán huyó el 11 de julio a través de un túnel construido hasta su celda.
Los cuatro son acusados del delito de "evasión de preso" al no seguir los protocolos para informar sobre el escape y no activar el "código rojo" para reportar la huida, a pesar de que los equipos de monitoreo y radiocomunicación funcionaban adecuadamente.
El juez consideró que los cuatro "favorecieron la fuga", añadió la Judicatura.
Joaquín Guzmán Loera, considerado el narcotraficante más poderoso del mundo y quien había sido aprehendido en febrero de 2014, se escapó por segunda vez de un penal de máxima seguridad la noche el 11 de julio escabulléndose por un agujero en la regadera de su celda que conducía a un túnel de 1,5 km hacia el exterior.
El juzgado determinó que al momento en que Guzmán Loera se escapaba "no hubo fallas en el sistema de monitoreo de la celda" del capo, que en 2001 se había fugado en un carrito de lavandería de otro penal similar.
Los otros tres acusados son el encargado del centro de monitoreo y dos custodios destacados en el área de tratamientos especiales, donde estaba encerrado Guzmán Loera, y no contestaron el teléfono durante la emergencia.
Los siete acusados fueron detenidos el 17 de julio pasado, pero inicialmente un juez no había encontrado elementos para juzgar a los últimos cuatro.
Las autoridades judiciales han asegurado que Guzmán Loera contó con datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría y que los funcionarios y custodios favorecieron y propiciaron la fuga.
La fuga de Guzmán, de 58 años, fue un duro golpe para el gobierno mexicano, que ahora ofrece $ 3,8 millones de dólares por su recaptura. (I)
