Organizaciones civiles de El Salvador reivindican que "solo hay un Constitucional" tras las destituciones
Un grupo de 26 organizaciones civiles ha condenado este lunes la decisión de la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña, de mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, Raúl Melara, y han reivindicado que "solo hay un Constitucional".
Así, han expresado que las actuaciones de los diputados electos carecen de validez, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'. Para las organizaciones civiles, las destituciones de este sábado suponen un "atentado contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente".
En este sentido, han afirmado que el "revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia" y han insistido en que las actividades del tribunal "serán ilegítimas y constitutivas de delitos y otras responsabilidades personales".
"En el país solo existe una Sala de lo Constitucional y es la que recibió un ataque manifiesto a la independencia judicial", ha dicho Sonia Rubio, de Fundación para el Debido Proceso (DPLF). "El proceso del nombramiento de los presuntos magistrados carece totalmente de legitimidad y de legalidad", ha aseverado.
El reemplazo de los magistrados, sin embargo, ha sido aplaudido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, si bien se ha topado con la condena de la comunidad internacional, que han pedido que se respete la separación de poderes.
"Tenemos que continuar exigiendo que se respete la Constitución y a la Sala. La Sala es la única que puede interpretar la Constitución y la Sala emitió ayer una resolución y todos tenemos que acatarla", ha aseverado Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades.
El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha indicado que se encuentra siguiendo "con preocupación" los últimos eventos en El Salvador, que "cuestionan el funcionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes".
"La seguridad jurídica y física de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada", ha subrayado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.
