Nuevos retos para las democracias de la Unasur, a la luz del caso brasileño

El mundo ve con preocupación lo que actualmente sucede en Brasil, la economía más grande de América Latina. De manera reciente, las Cámaras baja (Diputados) y alta (Senado) del Estado brasileño destituyeron a la señora Dilma Rousseff de la Presidencia de la República, alegando un maquillaje de las cuentas fiscales del Gobierno federal. El juicio político o impeachment que actualmente cursa sobre Rousseff nos invita al debate, respecto de ciertas realidades y desafíos propios de nuestras democracias presidencialistas, como también de nuestra integración regional.

De lo que se ha podido leer en la prensa nacional e internacional, parece ser que el proceso para la suspensión de Rousseff de su cargo tuvo irregularidades de forma. Cuando el trámite pasó al Senado, tras la votación favorable en Diputados, la Cámara baja solicitó a la alta la devolución del mismo, algo a lo que ésta se negó.

Finalmente, la votación favorable en Diputados y Senado suspendió de su cargo a Rousseff por 180 días, hasta que la culminación del juicio político decida si ella continuará o no ejerciendo la Presidencia del Brasil. Esta situación, per se preocupante para la estabilidad de cualquier democracia, empeoró hace pocos días, tras el anuncio de que el Tribunal Supremo Federal del Brasil analiza si procede o no una solicitud para otro juicio político, ahora en contra de Michel Temer, el presidente interino.

Podríamos estancarnos en disputas pasionales y pírricas entre derechas e izquierdas nacionales y regionales. Sugiero, de manera alternativa, hacer uso del “caso brasileño” para dar un paso adelante, en aras de debatir cómo profundizar la institucionalidad democrática en Suramérica, así como el futuro de su integración. A continuación compartiré un somero vistazo sobre ciertos aspectos tratados en la filosofía y teoría políticas, para después retomar el problema coyuntural en cuestión, en el marco de la Cláusula Democrática de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Y elijo a la Unasur pues, según se establece en el Preámbulo de su Tratado Constitutivo, esta Unión deberá subsumir en ella, paulatinamente, los aciertos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y los del Mercado Común del Sur (Mercosur).

En El Segundo Ensayo sobre el gobierno civil y en el Contrato Social, Locke y Rousseau (dos importantes padres de la democracia liberal contemporánea) establecen, respectivamente, aunque con implicaciones distintas, que el Poder Legislativo precede en importancia al Ejecutivo, siendo éste un instrumento de aquél. Ya en el siglo XX, autores como Juan Linz y Giovanni Sartori han estudiado las dinámicas propias de las democracias presidencialistas, en comparación con las parlamentarias. Linz analiza, por ejemplo, las complicaciones que para la gobernabilidad democrática tiene un presidencialismo. Al ser el pueblo el que elije tanto al jefe del Ejecutivo como a los representantes en los parlamentos, ambos Poderes se disputan –entre sí- la representación de la “voluntad general”. Esto, como elocuentemente lo sostiene Linz al estudiar la historia de las democracias latinoamericanas, genera serias y recurrentes crisis de gobernabilidad, al haber dos autoridades representativas que reclaman, para sí, una única y misma legitimidad: la del pueblo.

De lo nacional a lo regional. La Unasur cuenta con un “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre compromiso con la Democracia”. En su artículo primero, este documento establece que: “El Presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

Como lo acogieron en su momento todos los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, este Protocolo fue creado a raíz del intento de golpe de Estado en el Ecuador, el 30 de septiembre de 2010. Si bien en los círculos académicos se ha discutido si aquel episodio constituyó o no un intento de coup d´état, es otra la preocupación que ahora me interesa traer a colación. A saber, que así como se hizo uso de la UNASUR para resolver un problema en torno a la crisis de un Poder Ejecutivo en uno de sus Miembros, lo mismo podría o debería esperarse para la resolución de un problema legislativo en uno de sus Estados partes. Pero, al tratarse de una integración intergubernamental, podría alegarse que los Poderes Legislativos de la Unión no tienen ningún lugar en este pedido. ¿O sí?, al tratarse de una Unión entre Estados y no solo entre Gobiernos. ¿Servirá dicho Protocolo para coadyuvar a la resolución del impasse democrático en el Brasil, siempre y cuando el caso lo ameritare?

El lector estará confundido en este punto, no menos que el autor, ya que más que conclusiones, propongo retomar viejas preguntas y hacer nuevas, como elementos para el debate. ¿Precede en importancia el Legislativo al Ejecutivo, o viceversa? (pregunta tan vieja como lo son Locke y Rousseau). ¿Por qué? ¿Cómo salir de este dilema en nuestras democracias presidencialistas? ¿Es conveniente hacerlo? ¿Cómo integrar Estados democráticos, predominantemente presidencialistas, en la Unasur? ¿Cómo hacemos para darle igual importancia, desde la Unión, a un impasse democrático, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo –en cualquiera de sus miembros-? Y, de hacerlo, ¿cómo lograrlo sin ideologizar la integración y sin transgredir el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado? ¿Estamos listos para transformar nuestra visión de soberanía estatal, para así dar paso a una autoridad supranacional que vele por la democracia de cada uno de sus miembros? ¿Deseamos esto? ¿Quién supervisa a quién? Que todo esto sea difícil y controvertido no nos exime de la responsabilidad de consolidar nuestras democracias. Y, en caso de que para este fin nos sea útil la integración, también habría que preguntarse cómo mejorar los procesos democráticos de integración. (O)