Movimientos sociales marchan para defender la democracia en Brasil

La avanzada destituyente y golpista en Brasil será contrarrestada hoy con la convocatoria para “Defender la Democracia” organizada por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), los movimientos sociales y las centrales sindicales.

La movilización pretende defender el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, pero también exigir el cese de gran parte del ajuste fiscal para evitar aún más efectos recesivos causados por algunas líneas de la  política económica, el freno a la inversión provocado por el escándalo de corrupción en Petrobras, la situación externa y la crisis política interna.

“Llegó el momento de ir a las calles a defender los derechos laborales, las conquistas sociales de los últimos años y, más allá de todo, para defender la democracia. Súmate a la movilización que unirá a movimientos sociales, partidos políticos, centrales sindicales y todos aquellos que creen que Brasil es mayor que cualquier crisis. Participe y fortalezca nuestra democracia”, dijo el PT en su espacio televisivo.

Uno de los principales motores de la marcha es la Central Única de Trabajadores (CUT), la más grande de América Latina y brazo sindical del PT, fundada por Luiz Inácio Lula da Silva en 1982.

“Vamos a marchar contra la derecha golpista, en defensa de la clase trabajadora, en contra de los derrotados que perdieron las elecciones (...) Pero también porque estamos en contra del paquete económico que está siendo instituido y que creemos no nos hará salir de la crisis”, afirmó Vagner Freitas, presidente de la CUT.

Unas 700.000 personas convocadas por la oposición en todo Brasil marcharon el domingo pasado para pedir la destitución de Rousseff. El movimiento opositor fue menor en cantidad que otros que se habían registrado en marzo, pero marcó su tendencia ideológica a favor de una intervención militar e, incluso, el fin de la república para reinstaurar la monarquía abolida en 1889.

“Por qué no los mataron a todos en 1964?”, decía una pancarta en la manifestación de Sao Paulo, recordando el año del golpe militar que instaló la dictadura hasta 1985, durante la cual fueron presos políticos figuras como Rousseff y Lula.

Al calor de las manifestaciones, el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) se ha corrido más hacia la derecha y abiertamente está trabajando para la caída de Rousseff y con un escenario con el vicepresidente Michel Temer en el comando. También dirigentes del PSDB están siendo investigados al igual que los del PT y otros por las donaciones de campaña realizadas por las empresas que corrompieron funcionarios en Petrobras para ganar contratos. Sin embargo, el PSDB, acusado de comprar votos para la reforma constitucional que permitió en 1998 la reelección de Fernando Henrique Cardoso, se muestra como reserva moral del país.

“El sentimiento después de las manifestaciones es que el gobierno, si bien es legal, es ilegítimo. Si la propia presidenta no es capaz de un gesto de grandeza (renuncia o admisión de errores para el camino de la recuperación) asistiremos a la desarticulación del gobierno”, escribió Fernando Henrique Cardoso, quien gobernó entre 1995 y 2002, en su página de Facebook.

“En vez de hablar como estadista, que es lo que se espera de un expresidente, Cardoso habla como el jefe de una hinchada. Si fuera por poco apoyo y situación de crisis económica, él tendría que haber dejado el gobierno en su época”, rebatió el líder del bloque de senadores del PT, Humberto Costa.

“Yo no sé si el gobierno tendría esa grandeza”, añadió Aecio Neves, el candidato opositor derrotado por Rousseff el año pasado en dos vueltas electorales que participó del acto del domingo pasado en Belo  Horizonte, Minas Gerais. Neves reveló que está negociando con sectores del PMDB del vicepresidente Michel Temer.

Neves dijo que esperará el resultado de fallos del Tribunal de Cuentas de la Unión y del Tribunal Superior Electoral sobre denuncias contra Rousseff que, si son confirmadas, puedan desembocar en un proceso de juicio político. Parte del PSDB se pronunció a favor de llamar a elecciones anticipadas.

Otro excandidato presidencial del PSDB, el senador José Serra, previó que “es difícil que Dilma pueda terminar su mandato” en 2018 y dijo que el partido opositor se prepara para ocupar espacio en la administración pública como ocurrió cuando se sumó al oficialismo y arropó al vicepresidente Itamar Franco tras la renuncia de Fernando Collor de Mello en 1992. Serra, según Folha de Sao Paulo, se propuso como ministro de Economía en caso de triunfar el movimiento destituyente.

Más moderación ha mostrado un presidenciable opositor del PSDB para 2018, el gobernador paulista Geraldo Alckmin, quien se opone a la línea de Neves y de los que claman por adelantar elecciones, sobre todo porque afectaría el clima político a los gobiernos regionales.

La presidenta Rousseff ganó un poco de oxígeno desde la semana pasada, cuando llegó a un acuerdo con uno de los caciques políticos más poderosos del país, el presidente del Senado, Renán Calheiros, del aliado Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), y aisló a su gran escollo en lo que va del año, el titular de Diputados, el ultraconservador Eduardo Cunha.

La aproximación a Calheiros también vino de la mano de las principales centrales empresarias del comercio y la industria de Río de Janeiro y Sao Paulo que se pronunciaron por la “estabilidad institucional” como mejor escenario para luchar contra la crisis, teniendo en cuenta que las proyecciones privadas apuntan caída del 2% en el Producto Interno Bruto de 2015, con inflación cercana al 9% y menos contrataciones de empleo.

Mientras el PSDB se radicalizó, los sectores del establishment recibieron señales diferentes, como una opinión del The New York Times a favor de mantener a Rousseff pese a que la economía está “estropeada” y la llegada en visita oficial de la canciller alemana, Angela Merkel, para reunirse con la mandataria brasileña.

Sin embargo, si bien cierta presión contra Dilma fue aliviada, el blanco, claramente, de las corporaciones mediáticas, es el expresidente Lula, el mandatario más popular de la historia de Brasil que podría ser candidato en 2018 y alargar el proceso que se instaló en 2003 y ya venció cuatro elecciones.

La revista ultraliberal Veja publicó el extracto bancario del Instituto Lula, que dirige el exmandatario, un delito que quiebra el derecho al secreto que está siendo investigado por la Policía Federal. El grupo Globo, el quinto más importante del mundo, también intenta vincular a la gestión Lula con el caso de corrupción en Petrobras, por el cual están detenidos el exministro José Dirceu y el extesorero del PT, Joao Vaccari, además de una decena de ejecutivos de empresas constructoras, como las gigantes Odebrecht y Camargo Correa.

La derechización de la agenda política brasileña quedó en evidencia cuando en la marcha del domingo muchas personas, blancas y de clase media, a favor del golpe y declarada “anticomunista” se sacaba fotos con la policía, un día después de una masacre en la periferia de Sao Paulo de 18 personas a manos de agentes de seguridad, prácticamente ignorada por los opositores. (I)