Unos 6.000 exparamilitares que nunca entraron en el programa gubernamental de reinserción en Colombia, y cuyo paradero es desconocido, están a meses de perder la libertad, según una ley de beneficios adoptada en diciembre de 2010.

Los antiguos paramilitares tienen solo hasta el 28 de diciembre próximo para que formalicen su ingreso en el proceso, como condición para no ir a la cárcel, notificó hoy en Bogotá el alto consejero para la Reintegración, Alejandro Éder.

El plazo lo establece una ley con disposiciones de justicia transicional adoptada el 29 de diciembre del año pasado para superar el limbo jurídico de unos 19.000 del total de 31.000 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las AUC se disolvieron a mediados de 2006 dentro de un diálogo de paz con el Gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que promovió como marco jurídico para su reinserción la llamada Ley de Justicia y Paz, promulgada en 2005 y que establece, entre otras cuestiones, penas alternas de cinco a ocho años de prisión para responsables de delitos atroces.

Del total de exparamilitares desarmados, cerca de 3.000 fueron postulados por el Ejecutivo para esta jurisdicción de justicia transicional, pero hasta ahora solo unos 400 fueron imputados de cargos y apenas cuatro recibieron condenas, la última para "Cabo Machado", alias de Aramis Machado Ortiz.

El exparamilitar, antiguo cabo del Ejército, formó parte de un frente del Bloque Catatumbo de las AUC y a finales de junio pasado fue sentenciado a 35 años de prisión por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y fuga de presos.

Sin embargo, en virtud de la normativa transicional, recibió una pena alternativa de seis años de prisión.

Para el caso de los exparamilitares que supuestamente no incurrieron en delitos más allá del de concierto para delinquir se adoptó la ley transicional que establece el plazo definitivo para su registro en la Alta Consejería para la Reintegración (ACR).

"Hago un llamado para que estas personas que no hacen parte hoy del programa de reintegración se acerquen a la Alta Consejería y se activen en el proceso", dijo a la prensa el titular de esta dependencia, adscrita a la presidencia del país.

Éder preciso que unos 6.000 desmovilizados están fuera de este proceso, pero aclaró que no se puede inferir que todos ellos "estén delinquiendo".

"Sabemos que muchos de ellos están trabajando", agregó el funcionario, e indicó que en las bases de datos de la seguridad social aparecen unos 2.000 de ellos como cotizantes.

Además del registro en la ACR, la ley los obliga a la firma, ante el titular de este ente, del llamado Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación, entre otras condiciones.

Una de ellas es la presentación ante el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, instancia en la que "deberán facilitar el esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley, el contexto general de su participación y garantizar la no repetición de hechos violentos".

El caso de estos miles de exparamilitares está en el centro de una polémica parlamentaria sobre la vigencia y alcance de las normativas de reinserción.

El presidente de la Comisión de Paz del Senado, el oficialista Roy Barreras, considera que es necesaria una reforma legal para ampliar los plazos judiciales, permitir el ingreso de miembros de las llamadas "bandas criminales" (bacrim, neoparamilitares) y acabar con la improvisación institucional en la búsqueda de la paz.

La postura de Barreras, uno de los legisladores más cercanos a Uribe, no es compartida por otros sectores, como el opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).

"Cualquier reforma que se haga a la Ley de Justicia y Paz no debe significar abrirle las puertas a la impunidad con beneficios para las nuevas estructuras paramilitares, sin contraprestaciones claras y verificables para las víctimas", expresó el defensor de derechos humanos y representante a la Cámara por el PDA, Iván Cepeda. EFE