Futuro de jóvenes migrantes está en manos de la Corte de EE.UU.

- 12 de noviembre de 2019 - 21:00

Los jueces escucharon los argumentos de los beneficiarios del DACA que temen su deportación. La administración de Donald Trump afirma que el programa debe finalizar, independientemente de su legalidad.

Sábanas para el frío, café, pancartas y muchas esperanzas es lo que llevaron consigo a Washington DC los beneficiados con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, por sus siglas en inglés. Ellos acampan en las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

La corte estadounidense fue el escenario donde un grupo de demandantes  y sus abogados expusieron ante los jueces las razones por las que la eliminación del programa causa un impacto negativo en las vidas de los beneficiarios si llegasen a ser deportados. Sin embargo,  es probable que la decisión del tribunal tome meses.

Cerca de 700.000 personas están inscritas en el programa, que fue abierto para aquellos que fueron llevados  a Estados Unidos antes de los 16 años, vivieron allí por lo menos cinco años, pagaron y recibieron una verificación de antecedentes y que tienen un historial legal limpia. El programa no proporciona un camino hacia la ciudadanía, pero permite a los beneficiarios trabajar legalmente y renovar su protección de dos años contra la deportación.

Antonio Alarcón, un mexicano que llegó con sus padres cuando era un niño, fue uno de los demandantes que expuso su testimonio. Espera que los jueces entiendan su postura, que comparte con otros miles de jóvenes inmigrantes, conocidos como “soñadores”.

El joven participa en marchas y otras actividades con organizaciones que apoyan la causa y espera que los jueces fallen a favor de ellos. Sin embargo, es consciente de que las cosas pueden no resultar como esperan.

“Si el fallo no fuese favorable, seguiremos luchando; no importa, somos miles y haremos lo posible para buscar una solución permanente a nuestra situación”, explicó Antonio a Voz de América.

Gabriela García, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, conocida como Chirla, también está en Washington. Llegó desde California para estar presente en este evento que literalmente puede cambiar sus vidas.

“Nosotros esperamos que los jueces nos escuchen, que nos entiendan. Esta es una situación compleja que requiere una solución que sea permanente, a largo plazo”.

Gabriela agregó que gracias al DACA logró graduarse en leyes y, actualmente, trabaja con la Chirla, una de las organizaciones más activas en cuanto a la defensa de los migrantes en Los Ángeles.

La audiencia
El expresidente Barack Obama autorizó el DACA a través de una acción ejecutiva en 2012.

En la audiencia de ayer, la Corte Suprema abordó dos puntos importantes: si los jueces federales pueden revisar la decisión de culminar el programa y, en caso de que puedan, analizar si es legal la forma como la administración quiere acabar con el DACA.

La administración del presidente Donald Trump argumentó a la Corte Suprema que el programa debe finalizar, independientemente de su legalidad. “Somos dueños de esto”, enfatizó el procurador general, Noel Francisco, a la Corte durante una discusión de más de 80 minutos.

En general, los liberales de la corte parecían escépticos sobre las acciones de la administración, mientras que los conservadores se mostraron abiertos a la idea de que tenía el poder de terminar con el programa.

La jueza Sonia Sotomayor, por su parte, mencionó a Trump directamente y destacó las declaraciones contradictorias del presidente sobre los beneficiarios del DACA.

En un momento, dijo Sotomayor, Trump les anunció a los “soñadores” que “estaban a salvo con él”. Luego, abruptamente, la administración anunció que terminaría el programa, dándoles “seis meses para destruir sus vidas”.

Por otra parte, 143 asociaciones empresariales y compañías presentaron un informe en apoyo al DACA y subrayaron que su cancelación afectará la economía.

En el informe se hace referencia a las investigaciones del Cato Institute, que estima que las empresas tendrán que erogar alrededor de $ 6.300 millones para reemplazar a los beneficiarios del programa, “si es que pueden encontrar empleados para ocupar las vacantes”.

Tim Cook, CEO de Apple, también presentó su respaldo y señaló que su empresa tiene en la nómina a 443 dreamers que provienen de 25 países y cuatro continentes diferentes. (I) 

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