La mayor central sindical de Perú es allanada en caso Lava Jato

- 30 de noviembre de 2019 - 00:00
EFE

La Fiscalía de Perú allanó la sede principal de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la mayor patronal del país, en medio de las investigaciones del caso Lava Jato y la financiación de la candidatura de la líder opositora Keiko Fujimori . 

El allanamiento de la sede patronal fue liderado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, con el apoyo de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

Pérez fue autorizado por el juez Víctor Zúñiga para ingresar a las oficinas de la Confiep, en el distrito financiero de San Isidro, tras revelarse que empresarios peruanos realizaron aportes no declarados a la campaña electoral de la líder opositora Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos.

Es la segunda vez que la sede empresarial es allanada. Antes ocurrió en marzo de 2018.

Según el documento de autorización judicial, el fiscal busca “todo aquel objeto vinculado a la campaña política” de las elecciones de 2011 y 2016, además de documentos y facturas “vinculados a gastos, compras, o bajo cualquier otro título, que realizó la Confiep para campañas políticas” de esas elecciones.

La Confiep aseguró en Twitter que “se enteró a través de la prensa” de la orden de allanamiento e incautación solicitada por el fiscal Pérez “por investigaciones que datan del 2011 por el caso de una campaña comunicacional en pro de la inversión”.

La intervención se produce cuando Keiko debe recuperar su libertad, después de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva que cumplía hace casi 13 meses por el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht.

La líder opositora es investigada por recibir presuntos aportes ilegales de Odebrecht por el monto de $ 1,2 millones para su campaña en 2011. 

Keiko, de 44 años, fue enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por interferir en las indagaciones de la fiscalía sobre el caso Odebrecht. (I)

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