Mauricio Macri vetará la ley antidespidos

Sin despidos durante 90 días. Cinco meses después de asumir el cargo y con unos 140.000 empleos perdidos en su gestión, el presidente Mauricio Macri tomó nota de la difícil situación de los trabajadores argentinos y cerró un acuerdo con los empresarios poderosos del país austral para frenar la sangría laboral.

Pero detrás de esta medida, criticada por los gremios, se esconde un propósito bien definido: detener la aprobación de una norma antidespidos que extiende a 6 meses el período de estabilidad laboral y que ya tiene media sanción en el Senado. La Cámara de Diputados se apresta a convertirla en ley esta misma semana.

Macri adelantó varias veces que piensa vetar esa ley, pero no quiere pagar el costo político de darle la espalda a una medida que beneficia a los trabajadores, los únicos que a esta altura de su gobierno han pagado la cuenta de un ajuste que incluye miles de despidos en la administración pública y el sector privado, un fuerte tarifazo en los servicios públicos y el transporte, una inflación del 40% anual y un panorama social que empieza a preocupar al ‘macrismo’. En contraste, el gobierno puso fin a las retenciones a las exportaciones de granos y a las mineras, traspasando fabulosos recursos a esos dos poderosos sectores de la economía.

En concreto, el acuerdo anunciado a última hora del lunes no es un documento de valor legal, sino un compromiso empresario para no despedir personal en los próximos 3 meses. Curiosamente, en el mismo acuerdo el Ejecutivo no empeñó su palabra para evitar licenciamientos en el sector estatal, que sufrió unos 20.000 despidos en dependencias del Estado nacional, gobernaciones y municipios gobernados por la alianza derechista Cambiemos.

Macri estaba esperanzado en que el acuerdo lograría desactivar la ley antidespidos en el Congreso, motorizada por la oposición, incluido el ‘kirchnerista’ Frente para la Victoria y el Frente Renovador del excandidato presidencial Sergio Massa, ambos pertenecientes al partido Justicialista (peronismo).

El presidente invitó a la firma del acuerdo a las 3 centrales obreras peronistas, pero excluyó a las 2 Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA), ambas de izquierda y una de ellas alineada con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Las centrales sindicales peronistas dijeron que el acuerdo no basta y volvieron a la carga con la ley que garantizaría una estabilidad laboral por 6 meses en el país. Pablo Micheli, titular de la CTA-Autónoma, afirmó que el acuerdo “es una jugada del ‘macrismo’. Esta maniobra del presidente es para permitirles a los empresarios la absoluta libertad para que sigan despidiendo gente”, apuntó. (I)