Edwin G. Torres, juez federal de Miami, rechazó ayer concederle fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, investigado en su país por espionaje y corrupción, por lo que tendrá que permanecer detenido en Estados Unidos hasta la próxima audiencia, fijada para el 20 de junio.

Torres se negó a aceptar una solicitud de la defensa que presentó un paquete de fianza que se elevó hasta $ 1 millón.

La defensa de Martinelli solicitó al juez que debido al estado de salud y su edad, además de su condición de expresidente de la República de Panamá, se le mantuviera en una celda aparte, lo cual no fue avalado por el juez. Sin embargo se comprometió a garantizar las condiciones para que su integridad no fuera afectada durante su estadía.

Ayer el exmandatario -esposado de pies y manos- se presentó  por primera vez ante la justicia de EE.UU., donde se analiza la solicitud de extradición de las autoridades panameñas. Su detención se produce pocos días antes de la visita el 19 de junio del presidente panameño, Juan Carlos Varela, a la Casa Blanca, donde será recibido por su homólogo Donald Trump.

Al concluir la audiencia, Sidney Sitton, uno de los defensores insistió en que la solicitud de extradición es una “venganza” de parte del presidente Varela.

Mientras se desarrolle la próxima audiencia, Martinelli tendrá que permanecer en prisión y solo podrá recibir visitas de sus abogados.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá acusa al exjefe de Estado de ordenar la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unos 150 opositores a su mandato. El gobierno del país centroamericano solicitó a Estados Unidos la extradición de Martinelli por este caso. Ante esta solicitud, el mes pasado la Interpol emitió “alerta roja”.

Desde el fin de su mandato se han abierto 200 investigaciones sobre su gestión, según la sección panameña de Transparencia Internacional, mientras la justicia ha admitido cerca de una decena de denuncias en su contra.

Entre los casos figura la presunta sobrefacturación en un contrato de $ 45 millones por la compra de comida deshidratada para escuelas públicas, uso de cuentas secretas para cometer fraudes, cobro de comisiones por evasión fiscal e indultos cuestionados.

La CSJ panameña programó para hoy la audiencia de imputación de cargos que fue pospuesta el 10 de mayo para darle oportunidad al exmandatario de presentarse. Aunque las fechas parecen coincidir, la detención no implica una inmediata extradición.

El internacionalista panameño Alonso Illueca explicó al portal Martí que el expresidente tendrá la oportunidad de defenderse ante la Justicia de EE.UU. antes de que se decida su repatriación y además el Departamento de Estado tiene la potestad de frenar el proceso si considera que perjudicaría sus relaciones (I)