Los indultos de Bachelet generan controversia

Desde el retorno a la democracia en el año 1990, luego de la dictadura de Augusto Pinochet, los presidentes de la llamada “transición chilena” han llevado a cabo una serie de indultos a presos, especialmente por razones humanitarias o de salud.

Sin embargo, hasta ahora, la actual mandataria socialista, Michelle Bachelet, solo perdonó a ocho reclusos y en casos excepcionales, es la cifra más baja desde que el país retomó su curso democrático.

En Chile existe una ley que establece que “toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto”. Eso sí, se excluyen los casos de terrorismo. En Estados Unidos, por ejemplo, esta práctica suele darse al final del mandato presidencial, pero en Chile puede concretarse en cualquier momento durante la gestión en La Moneda. La propia Bachelet, en su primer gobierno (2006-2010) otorgó 67 indultos y recibió 1.182 peticiones, según el diario La Tercera de Chile.

Hasta ahora, quien más ha beneficiado a presos es Patricio Aylwin, el primer presidente de la transición (1990-1994), quien otorgó nada menos que 928 indultos, seguido por Eduardo Frei (1996-2000) con 343 casos, Ricardo Lagos (2000-2006) con 240 y Sebastián Piñera (2010-2014) con 14.

Los ocho indultos de Bachelet corresponden a una mujer acusada de robo diagnosticada con un avanzado cáncer y a homicidas, traficantes de drogas, un falsificador de instrumento público y acusados por robos violentos que contrajeron las enfermedades del VIH, tuberculosis, insuficiencias hepáticas y demencia por mal de Alzheimer. Todos fueron perdonados aplicando la figura de las razones humanitarias.

Pero la polémica se instaló en Chile porque algunos altos militares están presos por delitos de violaciones a los derechos humanos que han solicitado el perdón de Bachelet. Todo esto data de diciembre del año pasado, cuando cinco reclusos del penal de Punta Peuco, donde cumplen sus penas los condenados por delitos cometidos durante la era de Pinochet apelaron a la figura del indulto presidencial.

La controversia no solo se da porque se trata de exuniformados que cometieron graves delitos, una herida abierta aún en Chile, sino porque durante la espera del pronunciamiento de Bachelet, dos de esos cinco exuniformados -de más de 70 años- fallecieron sin que hubiese respuesta de la jefa de Estado. Por eso, en los próximos días se conocerá una resolución judicial que deberá dirimir por qué la presidenta no se pronunció.

A mediados de abril la propia Bachelet dio una respuesta a esta polémica. “Nadie está facultado para exigir su otorgamiento (indulto). El procedimiento para negar o conceder no establece un plazo para el presidente”, manifestó la mandataria. Ello, en respuesta al abogado Raúl Meza, quien representa a varios familiares de los presos de la cárcel especial de Punta Peuco, ubicada en las afueras de Santiago y que ha señalado que la tardanza es “grave e inexcusable”.

Poco antes, la Corte de Apelaciones de Santiago había admitido un recurso de protección contra Bachelet y ese es el fallo que debería conocerse en estos días.

En la vereda contraria, varias víctimas de la dictadura y organismos defensores de los derechos humanos han valorado el hecho de que Bachelet no haya aplicado indultos a condenados por casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

 “Hay cerca de 1.300 procesados y solo un centenar está en Punta Peuco, por lo que hay más de 1.000 que no están detenidos. Se estima que son más de 5.000 lo crímenes cometidos. Todavía faltan militares por enjuiciar, muchos de ellos se mueren sin pasar por un proceso. El proceso de justicia en Chile está en pañales”, afirmó Ricardo Klapp, de la Asociación de ex Presos Políticos Salvador Allende.

A su vez, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que “se trata de considerar lo que dice el derecho internacional humanitario respecto a los tribunales de lesa humanidad y las obligaciones que tienen los Estados. Espero que el próximo camino sea el cierre del penal de Punta Peuco y que estos criminales vayan a la cárcel común”.

En Chile se ha dado un largo debate sobre si los exmilitares condenados durante el régimen de Pinochet y que actualmente cumplen sus condenas en Punta Peuco deben ser trasladados a una cárcel común y corriente. Ello, porque Punta Peuco es un recinto especial, con más comodidades que el resto de las prisiones. De manera totalmente inesperada, fue Sebastián Piñera (centroderecha) que decidió clausurar otro recinto penitenciario especial donde estaban recluidos exuniformados, conocido como el penal Cordillera, durante su gobierno. Esto le valió elogios, incluso de sus detractores de izquierda. (I)