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Los catalanes se movilizan contra las detenciones

Los manifestantes piden la libertad de los consejeros detenidos durante una protesta en Barcelona.
Los manifestantes piden la libertad de los consejeros detenidos durante una protesta en Barcelona.
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Manifestantes cerraron brevemente ayer carreteras de Cataluña y una línea de tren en protesta por el encarcelamiento de ocho miembros del gobierno independentista destituido y por la crisis política que ya impacta en la economía de la región.

El encarcelamiento de ocho  miembros del gobierno catalán depuesto que se presentaron a declarar  dio pie al anuncio de una semana de manifestaciones que concluirá con una gran protesta el 12 de noviembre en Barcelona.

Ayer, la jueza española Carmen Lamela se aprestaba a dictar una orden de detención internacional contra el presidente independentista catalán destituido, Carles Puigdemont, quien está en Bruselas.

Paul Bekaert, el abogado del expresidente catalán, aseguró que su cliente colaborará con la justicia belga.

A partir del momento en que la petición española llegue a Bruselas, el sistema judicial belga tendrá un máximo de 60 días para decidir si entrega a Puigdemont a España. Si así lo decidiera, el expresidente podría apelar la decisión de entrega y alargar los plazos. Su abogado renunció a una petición de asilo (debido a la incomodidad que muestra el gobierno belga por la presencia de Puigdemont) para intentar derrotar a España en los tribunales belgas. Su estrategia será la de alegar que el sistema judicial español no garantiza un juicio justo al expresidente catalán.

En un corto mensaje emitido la noche del jueves por la televisión pública catalana, Puigdemont se presentó como el “presidente legítimo” de Cataluña y exigió la liberación de los consejeros y del exvicepresidente Junqueras, y “el fin de la represión política”.

En tanto, la intersindical independentista CSC convocó una huelga general el 8 de noviembre, y el motivo oficial fue “el empobrecimiento de la clase trabajadora” y el decreto gubernamental que facilita el traslado de empresas fuera de Cataluña.

Las compañías siguen trasladándose fuera de Cataluña en respuesta a la crisis política: 2.066 se fueron desde principios de octubre, según datos del Colegio de Registradores.(I)

 

 

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