Las víctimas del conflicto colombiano llaman a la reconciliación para lograr la paz

Un rozón de bala en su mano derecha le recuerda a Luz Estela Florez la aciaga madrugada hace 22 años  cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) irrumpieron en La Chinita, corazón bananero de Colombia. Los combates con la fuerza pública dejaron 35 muertos. Fue un episodio más en una guerra que ha durado 50 años.

Pero más allá de su dolor, esta mujer de 48 años que, como otras esposas de trabajadores de fincas bananeras ese 23 de enero de 1994, quedó viuda, con niños a cargo y sin sustento, anhela el fin del conflicto con las FARC. Luz Estela habla de sus aspiraciones de que se firme pronto la paz y haya tranquilidad.

Tiene una modesta casa en ese otrora barrio de invasión en Apartadó, donde su esposo Ángel Daniel Hinestroza fue acribillado delante de ella y de sus hijos. Los rebeldes llegaron de repente a una fiesta organizada por vecinos cuyo fin era recaudar fondos para útiles escolares.

La larga conflagración interna colombiana, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado ha dejado 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Las víctimas de La Chinita reclaman verdad y reparación.

A Luz le gustaría saber qué llevó a los actores del conflicto a “hacer algo tan atroz”. “Nosotros no estamos metidos en el conflicto que tienen con el Estado, pero siempre somos los que hemos llevado el rigor de la guerra”.

Ciro Abadía conoce bien la convulsionada historia del Urabá antioqueño, donde el abandono del Estado propició el desarrollo de guerrillas, como el extinto Ejército Popular de Liberación (EPL) en los años 1960 y las FARC en los 1970. Para 1980 surgieron los grupos paramilitares. “Fue una masacre anunciada”, afirma el hombre, de 55 años, presidente de la Asociación de Víctimas de Antioquia (Asovima), sobre lo ocurrido en La Chinita.

Cuando ocurrió la masacre, el EPL había firmado la paz. Los desmovilizados habían fundado el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.

Según Abadía, quien se salvó de morir en el asalto, el objetivo de las FARC era “aniquilar el proceso de paz” con el EPL. Según el “solo mataron a un excombatiente, el resto fueron personas inocentes”.

Mientras recorre el barrio por el que ha trabajado toda su vida en pos “de vivienda digna” y “mejoras sociales” para una población de más de 35.000 personas, “80% compuesta de trabajadores bananeros”, Abadía pide “que las FARC se reintegren a la vida civil”. Los insta a dar el paso que dieron otros grupos armados al margen de la ley, como el EPL, el M-19 que entregó las armas en 1990, o los paramilitares desmovilizados hace una década. Además, los llama a reparar a las víctimas.

Luz Estela es enfática: “los que fallecieron no van a regresar a la vida. Nosotros perdonamos (a las FARC) y les pedimos que por favor nos reconciliemos, que habiendo reconciliación hay paz”. (I)

Otras bandas dificultan aplicar el cese al fuego

El grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) advierte que la persistencia de la confrontación con otras guerrillas dificultará la implementación en Colombia del cese al fuego bilateral con las FARC, acordado la semana pasada en el marco de las negociaciones de paz en Cuba.

Además, el segundo grupo rebelde después de las FARC, dijo en su cuenta de Twitter, que “si ya se firmó un acuerdo de cese bilateral del fuego del gobierno con las @FARC_EPueblo, lo más sensato sería extenderlo también con el ELN”.

El ELN y el gobierno anunciaron a fines de marzo pasado que instalarían una mesa de diálogos paralela a la de las FARC, pero su arranque se ha visto retrasado porque Santos ha exigido que esa guerrilla renuncie al secuestro antes de sentarse a dialogar.

El grupo insurgente precisó que la  demora del proceso de diálogo “ha sido - por causa de- un manejo del gobierno”. Añadió que “el propósito del gobierno es dividir a las insurgencias y, a la vez aislar, y presionar al ELN, con lo que se va pactando en La Habana”.

Además del ELN y las FARC, existen en Colombia reductos de otras guerrillas que se desmovilizaron en el pasado, así como numerosas bandas criminales.

Al respecto, el fiscal general de la nación de Colombia, José Fernando Perdomo, manifestó que las bandas criminales, grupos derivados de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, grupo paramilitar contraguerrilla, ya extinto), no podrán gozar de los beneficios de la justicia transicional que será aplicada en Colombia en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. (I)

Datos

El 23 de junio, los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron en Cuba, sede de las negociaciones de paz desde noviembre de 2012, un histórico acuerdo sobre el cese al fuego definitivo y el desarme de los rebeldes, que acerca la firma de un esperado acuerdo final.

Tanto los negociadores del gobierno con los líderes de las FARC se han propuesto no fijar fechas límites para la firma de la paz, luego de que incumplieran la del 23 de marzo pasado. El presidente Santos dijo a comienzos de esta semana que era posible que el acuerdo estuviera listo para el próximo 20 de julio, fiesta patria en Colombia.

Colombia vive un conflicto que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando un saldo de alrededor de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.